- Ratifican la inhabilitación de Federico Domínguez Ibarra
- Esperan resultados de la auditoría por parte de la Comisión de Vigilancia
La disidencia del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios de Aguascalientes (Sutema) confirmó que el dirigente Federico Domínguez Ibarra se encuentra inhabilitado para laborar en el servicio público, por lo que es ilegal que continúe ejerciendo el cargo.
En conferencia de prensa, Juan Antonio García mostró el documento en el que el presidente de la Comisión del Servidores Públicos en el Congreso del Estado, el diputado Sergio Reynoso Talamantes, confirmó que el secretario general del Sutema se encuentra inhabilitado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirecu), lo que él mismo decidió impugnar.
También refirió que si bien estas conductas contravienen a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Domínguez Ibarra busca alargar el juicio “y prostituir nuevamente la vida sindical, involucrando a factores políticos que lo puedan rescatar de la manera más vil, como lo fue en todo el sexenio pasado pues de manera descarada e ilegal le fueron encubiertas todas sus fechorías”.
Agregó que fue presentada una demanda ante el Tribunal de Arbitraje que contiene los actos emprendidas por parte del priista, pues al no ser un trabajador activo desde el 30 de abril de 2013 -fecha en que fue dado de baja por la Fiscalía General del Estado- no podía ser elegible como líder sindical: “estamos atentos, pues en esta semana esperamos la respuesta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado en nuestra petición de realizar una auditoría al Sutema de los recursos públicos que ha recibido desde el año 2010 al año en curso y cuya suma asciende a cuatro millones 200 mil pesos y que jamás se ha dado cuenta de su ejercicio”, señaló el portavoz de los sindicalizados.
García aseguró contar con los elementos jurídicos no sólo para que se le destituya del cargo, sino para que Domínguez Ibarra sea detenido; reveló que el susodicho prepara facturas por más de 90 mil despensas, las cuales fueron utilizadas en actos de campaña pero que jamás entregadas a los trabajadores, por lo que se pidió a la Secretaría de Hacienda que se comprueben los movimientos fiscales.
Dijo contar con el respaldo las autoridades estatales y municipales entrantes para el esclarecimiento de las presuntas irregularidades: “Los tiempos cambian y las tiranías caen, creemos y tenemos fe que la nueva administración pondrá orden y acabará con seis años de corrupción y simulaciones, miles de trabajadores tienen la esperanza de que esto acabará y es lo que nos alienta a seguir y no bajar los brazos”.
