En nuestra cultura, es frecuente que actores de gobierno confundan el ámbito de la política con el del partido político. Dicen que un asunto se politiza, cuando, en realidad, lo que dan a entender es que se partidiza; y cuando un asunto debe ser politizado, entonces señalan que lo están partidizando.
Algunas circunstancias que pueden ayudar tanto a observar la confusión, como la necesidad de hacer la distinción entre los dos conceptos y ámbitos, son las siguientes: cuando el Senado de la República debe elegir ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o consejeros para el Instituto Nacional Electoral, suelen acusar que la elección se está politizando, porque los partidos políticos están buscando a los candidatos afines. Lo que están haciendo es, más bien, partidizar la elección, ya que consideran que tener ministros o consejeros electorales afines a los gobiernos de su partido, les traerá beneficios en tiempos difíciles.
Otra circunstancia: cuando se difunde información de corrupción, por ejemplo, de algún gobernador, y los actores políticos de partidos distintos al de ese gobernador promueven su difusión y demandan su enjuiciamiento penal, los correligionarios salen en su defensa y acusan la partidización del asunto. Lo que está sucediendo, de hecho, es la politización de un asunto que se mantenía oculto.
Un tercer caso: los programas sociales de gobierno, que deben ser politizados, es decir para beneficio de la polis, son manipulados para favorecer a determinado partido político, llevando a cabo la partidización del programa.
Para librar el aparente enredo, es necesario distinguir, de manera sencilla, los dos ámbitos. Todo lo que tiene que ver con la polis -el Diccionario de la Real Academia la define: “En la antigua Grecia, Estado autónomo constituido por una ciudad y un pequeño territorio”-, se refiere a la vida de personas congregadas en un determinado espacio, asuntos que son llamados políticos. El ámbito del partido político es lo que sucede dentro de la institución y conforme a sus propios intereses. Existe así una separación entre lo que corresponde al gobierno de la ciudad, y lo que se refiere a los intereses, sobre todo electorales, de los partidos políticos. Las líneas se cruzan cuando actores de un lado o de otro, interfieren fuera de su espacio para desviar los intereses de un asunto fuera de su correspondencia.
¿Qué sucedió con el combate a la violencia de la delincuencia organizada? Efectivamente, con los años, el combate fue llevado, paulatinamente, al ámbito de la partidización, lo que significó que también fue siendo despolitizado. Lo que debió mantenerse en el plano del interés de toda la sociedad mexicana-polis, se convirtió en oportunidad para beneficiar a un partido político.
¿Cómo explicar que un partido político partidizó el combate a la violencia de la delincuencia organizada? Lo percibimos en las actitudes asumidas en el escenario nacional: en su inicio, el gobierno panista del presidente Felipe Calderón estaba fuertemente confrontado por el candidato perredista que perdió la elección presidencial, mientras el PRI tomó una posición indefinida, aparentemente a favor de la legalidad y las instituciones (así lo expresaban en los medios de comunicación).
Con el aumento inaudito de los homicidios dolosos en 2007 y las explicaciones inútiles del gobierno del presidente Calderón, la oportunidad se configuró con varios elementos: la responsabilidad del Gobierno de la República, sus estrategias fallidas sin resultados, y la oposición de gobernadores, señaladamente los priistas. Para éstos, el incremento de homicidios fue la bandera rumbo a Los Pinos para la elección presidencial del año 2012.
Un momento interesante para percibir el escenario, se dio con motivo de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizado el 31 de octubre del año 2011, en el que se conoció que de 458 mil elementos de seguridad de los estados, sólo 35 mil habían aprobado los controles de confianza (el programa de profesionalización lo habían aprobado los gobernadores en la sesión del 26 de noviembre de 2009, mediante el Acuerdo 05/XXVII/2009). Un ejemplo del retraso y lentitud fue la administración del gobernador Enrique Peña, que de 36 mil agentes sólo llevaba en ese momento 4 mil evaluados. En esa sesión del Consejo Nacional Calderón decía a los gobernadores “nos piden operativos, vamos, pero luego nos critican” (LJ, 1 de noviembre de 2011).
Rumbo a las elecciones presidenciales de 2012 ya era bandera partidista señalar las estrategias fallidas contra la delincuencia organizada. Se conjugaba, entonces, por un lado, el aumento imparable de los homicidios dolosos, y, por el otro, la inacción de las fuerzas policiales de los estados. El resultado en la opinión pública era palpable: el fracaso del gobierno panista, y la gran oportunidad para el PRI con un Enrique Peña convertido por algunos medios de comunicación en el rockstar que ganaría la presidencia de la república. La estrategia para la partidización del grave problema de la violencia de la delincuencia organizada funcionó bien y le dio buenos resultados al PRI: ganaron la presidencia.
Después de 4 años de la administración Peña, todavía siguen señalando a la pasada administración como la culpable de que ahora no se pueda detener la violencia -que más bien va en aumento-, no obstante, el ofrecimiento de nuevas estrategias que sí darían mejores resultados.
Ahora es Peña el que dice a los gobernadores que en el CNSP muchas veces “he escuchado reflexiones, buena retórica, buenos discursos, buenas reflexiones, pero no pueden quedar solamente en eso” (19 diciembre 2014), “No se vale nadar de muertito, evadir la responsabilidad y dejar que sea el Gobierno de la República el único que enfrenta su responsabilidad” (25 febrero 2015), “es una tarea que no distingue el origen partidario de cada gobierno ni es un tema de afinidad o preferencias ideológicas” (23 septiembre de 2015), más los llamados de 2016.
Es necesario, por tanto, despartidizar el combate a la violencia para que dé los resultados que la sociedad y la política requieren, y con urgencia.
