Desde hace algunos años se viene explorando la idea de modificar de tajo la forma de impartir justicia en materia penal. Venustiano Carranza hablaba de hacer una revolución en materia de justicia debido a la forma porfiriana en que la justicia se aplicaba, desde los famosos “mátenlos en caliente”, hasta arrestos sin tiempo determinado, lo que dio lugar a eliminar a los jueces de instrucción y dar paso a la creación de la figura del Ministerio Público.
Sin embargo, la realidad se modificó poco, las policías nunca se profesionalizaron, lo que sí hizo el ejército mexicano. Los que saben de estas cosas, nos señalan que las policías cumplieron con un fin específico después de la revolución, ser los agentes represores para sostener el régimen político de aquellas épocas.
Con la llegada de la democracia en nuestro país, se dio la necesidad de poner en la agenda política a los derechos humanos, y con ello la transformación de la relación entre ciudadanos y el Estado.
Por otro lado, los organismos internacionales, han puesto, en la agenda pública, no sólo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica.
Hoy en día ha entrado en vigor desde hace algunos meses, el modelo acusatorio adversarial, conocidos “juicios orales”, y que en realidad representa una sola parte de los procesos judiciales; para ello, señaló que también se debe incidir en la parte preventiva de los delitos, empadronar a todos las personas que participen en las fuerzas policiales y pasarlos por pruebas de confianza, así como mejorar los centros penitenciarios.
Miguel Carbonell nos ha señalado, que actualmente 91% de los delitos no son denunciados y que según el Inegi, hay una impunidad del 98.4%. Su propuesta ha sido que en la marcha de la reforma penal, se requiere, evitar la “pedacería legislativa”, para proceder a una reforma integral que implique reformas a los códigos penales y de procedimientos, crear una Ley de Atención a Víctimas, modificar las leyes orgánicas del Poder Judicial y la Procuraduría, entre otras acciones.
Las inversiones en nueva infraestructura y equipamiento para los juzgados, así como en la capacitación para funcionarios de todos los niveles y los propios litigantes. Son acciones estratégicas para que la reforma llegue a buen puerto, no sin descuidar otras ramas de la justicia, la familiar por ejemplo, que en nuestro Estado simple y sencillamente está colapsada.
Otro de los puntos, de la cual flaquea la puesta en marcha la reforma es el acercamiento con los medios de comunicación, pues sin una adecuada difusión las reformas serán poco comprendidas y apoyadas.
Con alguna frecuencia hemos sido testigos, de la incredulidad de los ciudadanos frente a la reforma, y una especie de frustración, debido a que se entiende poco de la reforma.
Algo que está cambiando, es el freno inmediato a la participación de los llamados “coyotes”, la oportunidad de reducir el uso indiscriminado de los amparos y limitar el uso de figuras como la prisión preventiva.
Asimismo, se abre la posibilidad de resolver asuntos judiciales mediante la mediación, que entre otras cuestiones, agiliza la reparación de daños (robos en su mayoría) y evita mandar “becar en la cárcel a los delincuentes menores, que salen peor, como secuestradores por ejemplo”.
