- Atinado balance del año 2016 que estamos terminando, el que hace Gilberto Carlos en su texto Los Fierros en la Lumbre, con un certero recuento de algunos de los grandes problemas y retos que encara nuestro país en 2017.
Cabe pues llamar la atención una vez más sobre uno de ellos en particular: la cleptocracia, bien caracterizada por el recordado Granados Chapa como una kakistocracia, o “el gobierno de los peores”, que otra vez en 2016 como en muchos episodios de nuestro pasado reciente y no tanto, nos enseña nítidamente esa incapacidad y negligencia histórica para conducir un cambio de régimen pacífico, democrático, constitucional, social y de derecho que sea exitoso para la mayoría de los mexicanos, en un sistema que está claramente diseñado para el gran beneficio de unos pocos a costa de las mayorías.
Allí está por ejemplo, la falta de transparencia en las remuneraciones de los empleados públicos, desde el ámbito local hasta el federal; o los crecientes excesos en los salarios, dietas y bonos (navideños o con cualquier otro pretexto) de escándalo que se auto asignan los legisladores federales; pero también el resto de la alta burocracia, cuyas percepciones rebasan incluso a las que perciben sus pares de países desarrollados, lo mismo en el poder judicial federal o local que en los organismos autónomos como el IFE, el Banco de México o las diferentes secretarías de estado, en un país donde un rollizo exgobernador del Banco de México podía percibir, so pretexto de la autonomía constitucional de la institución, un salario bruto anual de casi cuatro millones de pesos (Dinero en imagen, 1 de diciembre de 2016), mientras el salario mínimo vigente no llegará en 2017 a los 74 pesos diarios. Así que éstos, entre otros, son los síntomas de una enfermedad social profunda.
Otro signo evidente de la grave corrupción pública y sistémica que padecemos, es el hecho de que dicha corrupción bajo sus distintas modalidades le cuesta al país un 9-10 por ciento de su PIB anual, es decir, alrededor de unos 347 mil millones de pesos, según la revista Forbes.
En este sentido, una herramienta útil y en el camino correcto para acotar la corrupción sistémica puede ser, desde luego, la iniciativa de la sociedad civil organizada conocida como 3de3 que se pretende introducir como obligatoria para los empleados públicos, y que además debería ser periódica, pública y fácilmente accesible para cualquier ciudadano interesado, pero desde luego que no es por sí misma suficiente ante el tamaño y gravedad del problema.
Hace falta incidir con otras medidas, como pueden ser, entre otras, las siguientes: establecer directrices generales y nacionales para la conducta ética esperada de los servidores públicos, así como un marco de responsabilidades uniforme para todos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos; consolidar medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción; implantar sistemas de denuncia ciudadana para actos de corrupción de servidores públicos de manera segura y anónima; introducir una clasificación clara y una tipificación puntual de los actos de corrupción grave, como soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción; así como dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables. Deberían contemplarse también sanciones severas para los servidores públicos que cometan actos de corrupción, así como el decomiso de bienes producto de la corrupción pública, entre otras.
Porque una cosa es clara: la nación no puede seguir dándose el lujo de mantener a una clase política erigida en casta privilegiada que es tan ineficiente y tan corrupta como cara. No es deseable que un profesor o un policía, por mencionar dos entre muchas profesiones imprescindibles para el desarrollo social, reciban menor salario que un político.
La buena noticia que casi no se cuenta pero cuenta mucho, a pesar del entorno de riesgos y debilidades internos y externos para México en 2017, es que no hay mal que dure cien años, ni mexicanos que lo aguanten.
@efpasillas
