- Comparecerá el secretario de Finanzas en torno al paquete económico 2017
- Permitirán adelantar tomas de protesta de alcaldes hasta 72 horas
En sesión ordinaria celebrada ayer 8 de diciembre, integrantes de la LXIII Legislatura local aprobaron permitir a los próximos ayuntamientos adelantar hasta 72 horas sus tomas de protesta, además de manifestar por parte del grupo parlamentario mixto del Partido Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES) la renuncia de Arturo Solano López como titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSF), además de programar la comparecencia del secretario de Finanzas, Ricardo Martínez Castañeda, a fin de analizar el paquete económico 2017 para la entidad.
Mientras la mesa directiva daba lectura a los asuntos en cartera, al Salón Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes arribó un grupo de operadores de taxis, quienes momentáneamente paralizaron la sesión al mantener consignas en contra de la entrega de concesiones de este esquema de transporte público de la pasada administración.
Tras restablecerse el orden en el recinto legislativo, comenzó a tratarse el siguiente punto del orden del día: reformas a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, por iniciativa del legislador por el Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Alberto Báez Leos, que propuso ajustes diversos en torno a las fechas de inicio y culminación de las administraciones municipales, en armonía con las modificaciones integradas en las recientes reformas políticas, asimismo se permite al adelantar hasta 72 horas la ceremonia de toma de protesta de los presidentes municipales.
El legislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Nájera Moreno, manifestó su rechazo a la propuesta, toda vez que argumentó, ésta vulnera la Constitución al reducir el tiempo de gobierno para lo cual un Ayuntamiento fue electo: “que se nos aclare si vamos a tener dos ayuntamientos a la vez, van a tomar protesta y una vez que lo haga el ayuntamiento entrante tendrá facultades y en consecuencia el ayuntamiento en ejercicio, pregunto: ¿dejaría de ejercer sus facultades?”, cuestionó el priista. Báez Leos, autor de la iniciativa, respondió que “no es que entren en funciones 72 horas antes, es que el acto protocolario se va a realizar hasta 72 horas antes”, por lo que refrendó que las funciones constituciones iniciarían hasta el 1 de diciembre.
Tras debatirse, el dictamen fue sometido a votación y resultó aprobado con 17 votos a favor, siete en contra, del Partido Revolucionario Institucional, principalmente, además de dos abstenciones, considerando que el legislador panista, Jesús Guillermo Gutiérrez, no asistió a la sesión con permiso de la presidencia del Congreso.
En el siguiente punto del orden del día se acordó remitir nuevamente a comisiones para su modificación, el dictamen conformado por la iniciativa de reforma al artículo 330 del Código Civil del Estado, propuesta de la exdiputada Sylvia Garfias Cedillo y que proponía modificaciones en el texto, al considerar que incurría en actos discriminatorios de género. A propuesta de las legisladoras Elsa Amabel Landín Olivares y Josefina Moreno Pérez se sometió al pleno la pertinencia de modificar tal dictamen para eliminar cualquier interpretación discriminatoria del texto.
Por mayoría de votos, el pleno aprobó el proyecto de decreto remitido desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que adiciona disposiciones diversas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral.
En asuntos generales y atendiendo su registro previo, el diputado por Acción Nacional, Juan Guillermo Alaniz de León expuso diversas irregularidades detectadas en la actual gestión del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) que no han podido ser solventadas tras la comparecencia del titular Arturo Solano López: “el trato de los funcionarios del Órgano Superior de Fiscalización se basa en una desafortunada interpretación de la autonomía presupuestal, técnica y de gestión y que raya en la ilegalidad, derivado de la revisión de la documentación que nos ha llegado, facturas y más facturas que manejan que el titular del órgano está haciendo uso personal de los recursos, esto demuestra los abusos y una falta de respeto a la sociedad de Aguascalientes”, dijo el coordinador del grupo parlamentario PAN-PES, quien ante ello exigió “la separación de Arturo Solano López a su cargo como auditor del Órgano Superior de Fiscalización de manera inmediata para abonar la transparencia y rendición de cuentas que hoy exigimos”.
El siguiente en tomar la palabra fue Jaime González de León, quien como presidente de la Comisión de Vigilancia propuso la comparecencia ante el pleno legislativo de Luis Ricardo Martínez Castañeda, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, esto con el fin de analizar las propuestas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del estado para 2017, ante lo cual el panista propuso tal encuentro para la próxima sesión ordinaria del Legislativo, que se celebrará el jueves 15 de diciembre, bajo una dinámica que a petición del diputado Sergio Augusto López Ramírez, será establecida por la Comisión de Gobierno, ajustes avalados por unanimidad del pleno.
Tras asuntos diversos tomó la voz el legislador Sergio Augusto López, quien presentó un punto de acuerdo a fin de llamar a comparecer, según lo estipulen las comisiones correspondientes, a los titulares de determinadas dependencias estatales, esto con el objetivo de rendir cuentas en torno a la situación de cada uno de estos organismos al momento de su recepción.
Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, legisladora por Acción Nacional y presidente de la Comisión de Transporte Público, abordó la problemática derivada de la entrega de concesiones de taxi de la pasada administración estatal, por lo que ofreció su apoyo a los choferes inconformes, a lo que se sumó en su participación el perredista Iván Sánchez Nájera, quien mediante un punto de acuerdo exigió transparencia sobre el padrón de personas que recibieron una concesión, además condenó que se filtrara parte del padrón a medios de comunicación con fines políticos, ante ello propuso que el tema trascienda a la Comisión de Transporte y sea tratado por la Comisión de Gobierno.
