- Aprobaron reforma a la Ley de Protección al Ambiente
- Modificaron la Ley del Isssspea para garantizar igualdad de prestaciones económicas
El incremento al precio de los combustibles que aplica en el país desde el 1 de enero fue abordado por integrantes de la LXIII Legislatura local en su sesión ordinaria de ayer. En Asuntos Generales, fue el panista Gustavo Báez Leos el primero en manifestar su descontento, ante lo que catalogó como una mentira del presidente Enrique Peña Nieto el que éste asegurara que las reformas Energética y Hacendaria frenarían el incremento mensual de los combustibles. En ese sentido y al contrastar los incrementos dados durante el actual sexenio con los registrados en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, las priistas Elsa Amabel Landín Olivares y Josefina Moreno Pérez reprocharon el uso de la tribuna legislativa para referir aspectos partidistas de la situación.
El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Martínez Delgado, se sumó a las exigencias al Gobierno Federal para dar atención a las demandas ciudadanas en ese mismo rubro, tema al cual la priista Edith Citlalli Rodríguez se sumó con la presentación de un punto de acuerdo para llamar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a disminuir la carga fiscal de las gasolinas.
El resto de las intervenciones versaron en asuntos ajenos a los combustibles: el ecologista Sergio Augusto López Ramírez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes a fin de incentivar la donación de órganos, mediante apoyos económicos para familiares de donantes que perdieron la vida. Estela Cortés Meléndez propuso reformas a la Ley de Educación del Estado para limitar el máximo de alumnos de los grupos de educación básica; además presentó una iniciativa para modificar la Ley de Vialidad del Estado con el fin de que la vigencia de las licencias de conducir sea indefinida.
Como parte de los asuntos programados a tratar, en primera instancia los legisladores abordaron el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, a fin de resolver observaciones al Decreto 214, emitido por la anterior legislatura y que fue promovido por el exgobernador Carlos Lozano de la Torre; tras someterse a votación y lograr la mayoría calificada con el apoyo de 18 sufragios, se remitió el dictamen a comisiones para analizar de nueva cuenta las observaciones referentes a la integración de un Padrón Único de Beneficiarios de los programas de subsidios y apoyos a organismos de la sociedad civil.
En el documento se especifica que las modificaciones hechas a la Ley de Desarrollo Social armonizan con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Accesos a la Información Pública, en particular, lo referente al contenido, objetivos y procedimiento de integración de un Padrón Único de Beneficiarios de los programas de subsidios, estímulos y apoyos en política social.
En el resolutivo se concluye que las observaciones que emitió el entonces gobernador Lozano de la Torre, no se apegan a la normativa en materia de transparencia y protección de datos, por tanto las reformas no invaden competencias legislativas reservadas al Congreso de la Unión, establecidas en el artículo 73 de la Constitución Federal.
En otro tema, se refirió la iniciativa presentada por Israel Sandoval Macías, diputado de la LXII Legislatura, dictaminada por la Comisión de Medio Ambiente y que integró la propuesta para modificar la Ley de Protección al Medio Ambiente para el Estado de Aguascalientes, a fin de ampliar a tres días hábiles el plazo para la emisión de ayuntamientos el Manifiesto del Impacto Ambiental (MIA), en caso de solicitudes de cambio de uso de suelo en áreas forestales. La iniciativa fue avalada por el pleno.
Fue aprobado por mayoría el dictamen, con 22 votos a favor y cuatro en contra, con el que se resuelve en sentido negativo la iniciativa que presentó la representación del grupo parlamentario del PRD de la anterior legislatura, y que proponía una adición a la Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes. El proyecto buscaba prohibir la circulación de automotores que emitieran humo y contaminantes, situación que ya está regulada en la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes.
Sánchez Nájera señaló que el análisis “no atiende ni advierte el impacto social de la reforma, pues también carece de un estudio jurídico y de técnica legislativa, además de que no se especifican las excesivas atribuciones que ejerce la Proespa, organismo que de manera arbitraria ha detenido automovilistas por conducir un vehículo con altas emisiones contaminantes”. Claudia Guadalupe de Lira Beltrán indicó que la propuesta no está justificada, pues “en la actualidad no hay operativos o retenes por parte de la autoridad ambiental”.
El siguiente punto del orden del día fue referente a la iniciativa presentada por Leonardo Montañez Castro, también integrante de la pasada legislatura, que fue avalada por el pleno y consta de modificaciones a la Ley de Seguridad de Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado a fin de que los hombres en estado de viudez cuenten con las mismas prestaciones económicas que las mujeres. Con dicha propuesta de modificación se establecen que los hombres en estado de viudez cuenten con las mismas prestaciones económicas que las mujeres, ya que las indistinciones indebidas de género vulneran lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón del derecho a la no discriminación, así como a la igualdad sustantiva. Los legisladores Paloma Amézquita Carreón, Iván Sánchez Nájera y Martha Elisa González Estrada manifestaron su apoyo al dictamen ya que dicha reforma al marco legal, garantiza a los ciudadanos una vida libre de discriminación y fomenta la igualdad de circunstancias entre hombres y mujeres.
Fue rechazado con 17 votos en contra el punto de acuerdo presentado por la diputada del Partido Nueva Alianza, Estela Cortés Meléndez, a fin de modificar el Presupuesto de Egresos del Estado, en el sentido de destinar multas impuestas a los partidos políticos a la creación de un fideicomiso para el apoyo educativo a personas con discapacidad. Los opositores a la propuesta argumentaron que la Ley del Instituto de Sociedad del Conocimiento ya contempla destinar tales recursos a la promoción de la ciencia y tecnología.
La diputada Karina Ivette Eudave Delgado señaló que la propuesta conlleva una buena intención, no obstante, el marco legal electoral establece lineamientos para emprender una acción de esa forma, por lo que anticipó su voto en contra del Punto de Acuerdo.
Alejandro Mendoza Villalobos también expresó su desacuerdo al planteamiento, al considerar que la creación de un Fideicomiso podría generar actos de opacidad en el manejo de esos recursos.
Estela Cortés Meléndez reconoció que si bien había que modificar el Presupuesto de Egresos, la intención del Punto de Acuerdo es un primer paso para lograrlo; refirió que en el nivel básico están registrados “cuatro mil 900 niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad física”.
