- Se trata del primer ordenamiento mexicano que regulará el tratamiento de los datos personales en el sector público federal, estatal y municipal
- Establece las bases para la elaboración, ejecución y evaluación de un Programa Nacional de Protección de Datos Personales, el primer instrumento de política pública en la materia
Hoy entra en vigor la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que establece las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de las personas físicas a la protección de sus datos personales en el sector público federal, estatal y municipal.
Se trata del primer ordenamiento mexicano que regulará el tratamiento de los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad u órgano de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos de la federación, las entidades federativas y los municipios.
La Ley General, publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, establece las bases mínimas y condiciones homogéneas para garantizar el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) ante el sector público, mediante procedimientos sencillos y expeditos.
Entre los temas que se desarrollan en 168 artículos, destacan por su aspecto innovador los siguientes:
La definición de las bases para la elaboración, ejecución y evaluación de un Programa Nacional de Protección de Datos Personales, desde una óptica de política pública en la materia.
La incorporación de temas de seguridad en materia de cómputo en la nube y vulneraciones, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales vigentes.
La definición de un régimen de transferencias nacionales e internacionales de datos personales, que facilite el intercambio de información personal entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
El establecimiento de reglas específicas para el tratamiento de datos personales por parte de instancias de seguridad y procuración de justicia, en el ámbito de las telecomunicaciones.
El reconocimiento de mecanismos que permitan a cualquier persona interponer su inconformidad ante el INAI y los organismos garantes estatales, relacionadas con el ejercicio del derecho.
Las facultades otorgadas al INAI y a los órganos garantes para imponer medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, así como un catálogo de infracciones administrativas en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General.
Es importante destacar que a partir de hoy, los Congresos estatales cuentan con un periodo de seis meses para armonizar sus disposiciones normativas en la materia con la Ley General; en tanto transcurre este proceso, el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en el sector público se regirá por la normativa vigente en cada entidad federativa.
El INAI considera que la Ley General sienta las bases para el fortalecimiento del sistema de protección de datos personales en México, al garantizar de manera efectiva el ejercicio y el respeto de este derecho fundamental tanto en el sector público federal, estatal y municipal como en el sector privado.
Con información del INAI
