- Municipio dice que ganó demanda, la concesionaria señala que el juez no tomó partido contra la concesionaria
- Versiones encontradas sobre la demanda, la autoridad y la concesionaria no acompañan con documentación sus versiones
“El municipio ha ganado el juicio. Puede apelar la concesionaria, pero lo que ha determinado la autoridad es una decisión histórica. Un manotazo para lo que venía siendo la empresa y que esta no siga abusando”, comentó el secretario del Ayuntamiento capital, Leonardo Montañez Castro, al referirse a la resolución de la demanda que en diciembre interpuso el gobierno del entonces alcalde Antonio Martín del Campo en contra de Proactiva Medioambiente Caasa; sin embargo, los responsables de la concesionaria en Aguascalientes señalan que la autoridad declaró el sobreseimiento, por lo que no hubo en absoluto juicio sobre el fondo del asunto.
En el último mes de su administración, cuando Antonio Martín del Campo preparaba el terreno a su sucesora para poder cambiar la concesionaria, el alcalde informó que Caasa debería devolver 80 millones de pesos a los usuarios de Aguascalientes porque durante una década realizó cobros de más, por lo que el 28 de diciembre del año pasado se realizó una audiencia ante el Juzgado Segundo de Distrito, ahí se determinó que en no más de 90 días se habría de tener la resolución de la demanda interpuesta por el municipio contra la concesionaria, por incrementar 3.75 por ciento las tarifas desde el año 2006, bajo la justificación de la entrada en el ámbito local del impuesto sobre la nómina.
Leonardo Montañez indicó ayer, sin mostrar un documento que lo avalará que “la concesionaria de agua ya no podrá aplicar estos cobros adicionales por concepto de ISR a partir del siguiente recibo”, lo que el presidente de Ccapama, José Refugio Muñoz, interpretó como la obligación de Caasa de devolver 80 millones a los aguascalentenses, lo que, adelantó, no se hará, pues el municipio piensa quedarse con ese dinero.
Entrevistado por Radio BI, el responsable de Caasa, Alessandro Reginato, rechazó que se tenga que regresar el dinero por las supuestas tarifas cobradas de más y explicó que el juicio sobreseyó, es decir que el juzgado declaró que no hay lugar a proseguir el procedimiento. De hecho, la concesionaria alegó con relación al amparo promovido por Caasa, en contra del acto a través del cual la Ccapama determinó un ajuste unilateral de las tarifas de agua el 16 junio, que en la notificación de la sentencia el juez no tomó partido y declaró el sobreseimiento, al argumentar que el acto de Ccapama no fue de autoridad, es decir, que no hubo en absoluto juicio sobre el fondo del asunto.
Caasa destaca que en los actos que originaron este amparo no se observa en ningún lugar que existiera una demanda por los 80 millones que tanto se han ventilado en medios desde hace meses. Y una segunda conclusión a la que llega es el cuestionamiento a la función de Ccapama, porque si no es autoridad, ¿qué es?
Tanto el municipio como la concesionaria están obligados a presentar la documentación que avale sus posturas, pues hasta el momento lo único claro es que de existir ese reembolso de 80 millones, no llegaría al bolsillo de los aguascalentenses.
