En las últimas décadas del Siglo XX, México vivió crisis económicas consecutivas. Fueron crisis que aparecieron al final de las administraciones federales, como hechos consumados, que el poder político de los presidentes de la república ya no pudo detener ni disimular, ni evitar las consecuencias lamentables para la gran mayoría de la población del país, así como para infinidad de empresas.
La primera crisis detonó en el último cuatrimestre de 1976, al final de la azarosa administración del presidente Luis Echeverría, que llevó “a la economía del país a una profunda convulsión que culminara en la devaluación: la política salarial, la creciente participación del Estado en la economía, la política de gasto público y su financiamiento, el trato con la iniciativa privada local y extranjera e, inclusive, lo que le dio en llamar ‘el estilo personal de gobernar’” (Carlos Tello Macías, La economía echeverrista: Balance provisional, en Nexos, Noviembre de 1978). Inició la época de la “libre flotación del peso” con los factores que estarán presentes en los sucesivo.
La siguiente crisis se inició con la devaluación del peso, en febrero del último año del presidente José López Portillo, 1976, que se ahondó en agosto al quedarse el gobierno sin dinero, por lo que tuvo que suspender el pago de la deuda externa y nacionalizar la banca. El optimismo petrolero de la abundancia terminó en pesimismo y decepción.
La siguiente crisis no esperó al último año del gobierno del presidente Miguel de la Madrid, e inició en octubre de 1987 con la caída de la Bolsa Mexicana de Valores y la consecuente devaluación del peso; enseguida aparecieron los pactos de solidaridad para el crecimiento económico. No fueron suficientes los recursos financieros de la venta de las empresas públicas paraestatales, para sostener las finanzas del gobierno.
La crisis del final de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari y del inicio de la administración Ernesto Zedillo, estuvo precedida por la pérdida de las reservas monetarias mexicanas, utilizadas para sostener la paridad peso-dólar; en diciembre de 1994 vino la devaluación. El contexto se dio con varios hechos trascendentes para el país: la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y su entrada en vigor el 1 de enero de 1994, fecha en que inició también la sublevación Zapatista en Chiapas; y el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y del secretario general del PRI, el diputado federal Francisco Ruíz Massieu.
En todas las crisis está presente, como indicador y como resultado general, la devaluación del peso. De esta manera, los elementos que se conjugan directamente en este contexto, son tres: los ingresos fiscales del gobierno, el gasto y el endeudamiento públicos. Evidentemente los recursos fiscales están conectados, también de manera directa, con la economía del país.
Es una tríada que no debe perder su equilibrio: la economía debe crecer y proporcionar recursos fiscales al gobierno, por un lado; y, por el otro, el gobierno debe gastar de acuerdo a los ingresos fiscales, evitando el endeudamiento descontrolado. La pérdida de este equilibrio, incidió en el crecimiento del déficit del gasto público -cuando el gobierno gasta más de lo que recibe-, y en el crecimiento de la deuda. La resultante de este escenario se concentra, inevitablemente, en la devaluación del peso.
La circunstancia crítica nos lleva a preguntarnos, si el fondo del problema es propiamente la economía de la sociedad, o, más bien, son las finanzas del gobierno, que entran en quiebra. De ahí la necesidad de separar los ámbitos de lo que son las finanzas del gobierno, y lo que es la economía del país, ya que no son lo mismo.
Las crisis sucedidas al país en el Siglo XX, fueron presentadas por las administraciones presidenciales como crisis de la economía de la sociedad, y no como quiebra de las finanzas públicas del gobierno. Ha sido una forma de transferir a la sociedad y a su economía, los problemas de la pérdida del equilibrio de los ingresos fiscales, el ejercicio del gasto público y el endeudamiento gubernamental.
El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, inaugurado por la administración del presidente Enrique Peña en semanas pasadas, es un ejemplo más de la pretensión de encubrir el grave problema que vuelven a tener las finanzas del gobierno, manifestado con claridad en el aumento de los precios de las gasolinas, el diésel, el gas, y la energía eléctrica, que se quiere presentar como problema de la economía de la sociedad.
Queda claro que los efectos de la quiebra de las finanzas del gobierno son repercutidos sobre la economía de la sociedad. El aumento de los precios señalados tiene como finalidad, encubierta y no aceptada por el presidente de la república, la de fortalecer las finanzas públicas. No fortalece la economía del país ni protege la economía familiar, ya que dichas esferas, de la economía y de la familia, deben aportar más recursos al gobierno a través de los impuestos a dichos productos.
Por ello es necesario tener clara la separación de los dos ámbitos, el de las finanzas del gobierno, con su propio equilibrio ingreso-gasto-endeudamiento, y el de la economía del país, con sus propias dinámicas. Podemos observar que la economía, en general, está funcionando bien, y que comienza a tener problemas cuando el gobierno, al perder su propio equilibrio financiero, le demanda más recursos fiscales.
Las llamadas crisis económicas, por lo tanto, son más bien crisis de las finanzas del gobierno. Por ello debemos impedir que quieran repercutir a la sociedad los efectos de una mala, ineficiente e ineficaz administración pública. La responsabilidad de la clase política es, a través de los gobiernos y los legisladores -como representantes de la sociedad-, el dejar de lado los discursos políticos ya repetidos y vagos, para concentrarse en respuestas efectivas a los problemas de la sociedad.
