- Según el secretario del Ayuntamiento, este pago representó un golpe directo a las finanzas públicas del municipio
- Se habrán de buscar medidas para resarcir el daño hecho a las finanzas públicas
El secretario del Ayuntamiento de la capital, Leonardo Montañez Castro, anunció que el municipio pagó el miércoles de la semana pasada, los 32 millones de deuda que se venían arrastrando desde la administración de Ricardo Magdaleno por un predio expropiado de manera indebida.
Durante la administración de Ricardo Magdaleno, entre los años 2002 y 2004, se llevó a cabo la expropiación de un predio ubicado en la avenida Canal Interceptor de manera indebida, por lo que el dueño del mismo comenzó un juicio en contra del municipio que derivó en una indemnización de 32 millones de pesos que debían ser pegados desde hace 15 años.
Semanas antes de que Antonio Martín del Campo dejara el cargo anunció que este dinero se tendría que obtener de las liquidaciones, sin embargo, logró que el pago se retrasara hasta la administración de Jiménez Esquivel, en la que la semana pasada se hizo una transferencia el miércoles 4 de enero.
Este pago, al comienzo de la administración de Jiménez Esquivel, representó, según el secretario del Ayuntamiento, un impacto real en las finanzas públicas del municipio, sin embargo no se convertirá en un pretexto para no cumplir con las obligaciones que establece el código municipal.
El secretario apuntó que tanto el Ayuntamiento como la presidente municipal, están buscando otro tipo de medidas para tratar de resarcir esta contingencia de 32 millones de pesos a la que se tuvo que dar cumplimiento.
El pagar este adeudo era impostergable, pues se tenía que cumplir con la sentencia que Martín de Campo logró retrasar hasta la administración de Jiménez Esquivel; de lo contrario se incurriría en un incumplimiento de amparo, para lo cual se aplican medidas muy severas que caerían tanto en el secretario de Finanzas, Alfredo Martín Cervantes García, como en la alcaldesa, “Si nosotros como municipio tenemos que ser el primer nivel garante de la ley, debemos de ser también capaces de respetarla”.
Este pago, agregó, se retrasó por varias administraciones, cerca de 15 años, por lo que había que darle una solución, “Las indicaciones de los regidores, de los síndicos y la presidenta es que existan finanzas sanas y que no vengamos a heredar deudas a las siguientes administraciones”.
El recurso, detalló, se tuvo que obtener de lo que había sido aprobado por el Congreso del Estado para 2017 por lo que habrá que conseguir dinero para resarcir este hueco, “De ahí se tuvo que echar mano para cumplir con este compromiso y esta obligación”.
