- Confirman suspensión de seis notarías entregadas en la pasada administración
- Preparan abogados iniciativa ciudadana para que aspirantes a notarios se sometan a un examen de oposición
Históricamente los fiats notariales han sido entregados en pago de favores políticos a exfuncionarios y colaboradores cercanos a los gobernadores en turno que desconocen la función, denunciaron los abogados Joaquín Abel Hernández Esparza y Miguel Ángel Breceda Solís; y estimaron que el 99 por ciento de las 64 notarías que hay en Aguascalientes son administradas por políticos o por sus hijos de los notarios anteriores: “Y el riesgo es que tú acudas con un notario que no te dé la seguridad jurídica que tu asunto necesita”.
En conferencia de prensa, los juristas confirmaron la suspensión de seis de las doce notarías públicas entregadas por Carlos Lozano de la Torre, en poder de Juan Carlos de Alba Ortega, Ángeles Aguilera Ramírez, Alejandro Bernal Ruvalcaba, Alberto Solís Farías, Roberto José Arellano Crespo y José de la Mora de Ávila, debido a un amparo que interpusieron el 12 de diciembre. En consecuencia, los susodichos no podrán ejercer ningún acto hasta que la justicia federal se pronuncie al respecto, con la confirmación o revocación definitiva de las patentes.
La demanda fue presentada en contra del exgobernador, con el argumento de que violentó el Estado de Derecho al autorizar un exceso de notarías pues la ley marca que debe haber un fedatario por cada 20 mil habitantes partiendo estrictamente del último censo del Inegi, con lo que no eran necesarios más que seis nuevos nombramientos. El amparo tiene vigencia a pesar del cambio de autoridades puesto que la figura jurídica subsiste aun cuando cambie la persona física: “Las que se dieron en exceso obviamente están fuera de la norma legal, estamos actuando en contra de un acto de autoridad, no en contra de algún personaje político o persona en particular; sólo nos referimos al acto que ejecutó en ilegalidad el gobernador anterior”.
El interés jurídico de los promoventes parte del principio “el primero en tiempo, primero en derecho”, puesto que tanto Hernández como Breceda solicitaron ser notarios públicos desde el sexenio de Luis Armando Reynoso Femat. También pidieron a la Secretaría General de Gobierno los criterios empleados en los últimos nombramientos “pues hay elementos que quisiéramos corroborar que se hayan cumplido a cabalidad”, no obstante, la respuesta que recibieron es parcial.
En total hay tres procedimientos en trámite contra las nuevas notarías, además de los amparos presentados por los dos abogados, y un juicio contencioso administrativo iniciado por un notario público en activo: “Existe una inconformidad no solamente de nosotros, sino de muchos abogados que legítimamente tienen el deseo de acceder a una notaría; nuestra posición está en contra de que la ley solamente se utilice para beneficiar a los políticos, a los familiares o a los amigos de los gobernadores en turno”.
Se piensa agotar las instancias judiciales, de no encontrar respuesta óptima, se solicitará un recurso de revisión del juicio de amparo ante un tribunal colegiado o bien, un juicio contencioso administrativo.
Miguel Ángel Breceda Solís y Joaquín Abel Hernández Esparza, quien es también presidente del Centro de Estudios Notariales de Aguascalientes, anunciaron que se llevará a Congreso local una iniciativa ciudadana para reformar la Ley del Notariado Para el Estado de Aguascalientes para que los aspirantes a dicho cargo se sometan a un examen de oposición, pues actualmente la asignación de notarías es facultad discrecional del gobernador.
No es nada nuevo.