El presidente de México, ¿debe seguir siendo “intocable” e inamovible? / De política, una opinión - LJA Aguascalientes
25/05/2022

 

Enrique Peña, como presidente de México, lleva 4 años conduciendo el Gobierno de la República. La aprobación-desaprobación de la gestión pública que hacen los ciudadanos a través de las muchas encuestas que se aplican en todo tiempo, sin ser el indicador básico de la eficiencia del gobierno, sí muestran -como efecto y reflejo- la satisfacción o insatisfacción por los resultados logrados por el presidente de la república.

Ha sido ampliamente difundida por los medios de comunicación, la información de los resultados de las encuestas de opinión. Los números mostrados en la aprobación del trabajo realizado por Enrique Peña, han evolucionado desde el 54 por ciento al inicio de la administración y el 57 por ciento en mayo de 2013, al 70 y al 74 por ciento de desaprobación al inicio del último trimestre de 2016 (sitio en la red SDPnoticias, 1 enero de 2017). En agosto pasado el sitio de El Economista señalaba la “Aprobación de EPN, la más baja desde 1995”.

Es importante señalar que la desaprobación del trabajo del presidente no es una reacción de mera inconformidad por una decisión de aumentar el precio a las gasolinas, contrariamente a como lo señala el presidente Peña cuando dice ‘‘Y como todo, como los partos, las medidas a veces son dolorosas, pero buenas para México. Serán positivas para este país y nos van a permitir seguir transitando por la senda de desarrollo y crecimiento’’ (LJ, 13 diciembre). La desaprobación de la gestión presidencial tiene un mayor significado, como es la expresión del desconcierto ciudadano concentrado en dos puntos: decisiones equivocadas y resultados frustrados, que se han venido incrementando en el transcurso del tiempo.

La pregunta obligada es ¿debe seguir siendo “intocable” e inamovible el presidente de México?, o ya es tiempo de hacer algo más. La cultura política posrevolucionaria de la sociedad mexicana se resume en la expresión común de “ser políticamente correctos”. Es decir, los ciudadanos estamos formados culturalmente a que debemos aceptar al gobernante “sea como sea” y “haga lo que haga”; debemos soportarlo o sobrellevarlo los años que dure su encargo. Si el gobernante “salió bueno”, nos fue bien; si “salió malo”, ni hablar, a aguantarse y esperar que termine su administración, con la esperanza de que el siguiente “salga bueno”.

Son los tiempos políticos del Siglo XX, pero ya no del XXI en que esa cultura posrevolucionaria está siendo superada con la transición y alternancia políticas, iniciadas hace tiempo. Sin embargo, la Constitución del país no ha evolucionado a la par de los tiempos políticos del momento, ya que en casos como el de Enrique Peña como presidente de México, no prevé alternativas de solución de fondo. Las circunstancias críticas que vive México demandan y requieren respuestas que, precisamente, Peña no puede dar; su ineptitud se ha probado, reprobado y comprobado a lo largo de estos años.

A pesar de quienes persisten en seguir siendo “políticamente correctos” y optan por llamar a la calma y a la cordura, aceptando las cosas como están, el país no puede seguir resintiendo los efectos de un presidente que ha dado suficientes muestras de que carece de nuevas ideas de política y de administración pública para innovar en las formas de hacer el gobierno, para resolver las graves dificultades que vive y que se profundizan día con día. El problema no son sólo los salarios de los gobernantes, o sus prebendas, o sus prerrogativas y beneficios; el problema fundamental, además de la ética política cuestionable de la clase política, es la forma como se organizan y se llevan a cabo los programas de gobierno, que no generan los resultados requeridos (es como pretender hoy cultivar la tierra con las formas y herramientas del Siglo XIX, cuando existen otras formas y herramientas de alta tecnología y productividad).

El grave problema que representa Enrique Peña para México se incrementa con la Constitución Política, al no tener vías legales de resolución de casos como este (hoy tenemos un Pascual Ortíz Rubio, pero sin un Plutarco Elías Calles). El articulado vigente es el siguiente: “Artículo 86.- El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”; “Artículo 84.- En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo”; “Artículo 108.- El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”; el Artículo 110 prevé quiénes podrán ser sujetos a juicio político, y no señala al presidente de la república; “Artículo 111.- Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”.

Entonces, las vías para remover a Enrique Peña son dos: una, que voluntariamente presente su renuncia al Congreso de la Unión, y, la segunda, que sea acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.


La primera podría suceder si la sociedad o los legisladores del país ejercen tal presión sobre Enrique Peña, que lo llevara a presentar la renuncia -por su propia iniciativa no será-. La segunda vía, en los hechos está, prácticamente, cerrada. Pretender reformar ahora la Constitución para incorporar una vía factible, como una decisión autónoma del Poder Legislativo, sería difícil en este momento.

Finalmente, es un asunto que debemos resolver con los métodos del Siglo XXI, y no del violento y golpista XIX. Cierto, son tiempos nuevos en que, por primera vez, es urgente e imperativo que el país tenga otro presidente que sí resuelva atinadamente los problemas.

 


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