- El fondo cubre atención sicológica, jurídica, de salud y asistencia social a víctimas de delitos comunes
- Para 2017, la bolsa será de apenas dos millones de pesos. En 2016 se asignaron diez millones de pesos, que resultaron insuficientes
Para 2017, se presupuestaron tan sólo dos millones de pesos al Fondo de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito en Aguascalientes, de acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de enero; este monto supone una reducción del 80 por ciento con respecto al asignado el año pasado, que fue de diez millones de pesos.
La finalidad de dicha bolsa es resarcir los daños materiales y morales de delitos del fuero común y sus consecuencias. Los recursos son operados a través del Instituto de Atención a Víctimas del Delito -dependiente de la Fiscalía General del Estado- que entró en funciones en 2016.
El fondo cubre las diversas medidas de protección previstas por la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Aguascalientes en materia de atención sicológica, jurídica, de salud y de asistencia social, las cuales se encuentran encaminadas a la recuperación sicofísica y a la restitución de los derechos del agraviado. Tratándose del daño moral, éste se acreditará mediante los dictámenes sicológicos victimales que establezcan la sintomatología existente a partir del delito y el daño causado, incluyendo su posible cuantificación.
La legislación establece que se destinará hasta el 50 por ciento de los recursos que hayan ingresado en dicho fondo el año anterior al ejercicio presupuestal vigente, y el otro 50 por ciento, a la individualización y aplicación de los apoyos económicos a las víctimas que así lo soliciten y califiquen para dicha compensación. En ningún caso procede la entrega de recursos económicos en efectivo por más del 60 por ciento que pudiese corresponder a la reparación del daño.
El Fondo de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito está constituido por el recurso asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado; las aportaciones hechas de forma altruista por particulares u organismos privados, públicos y sociales, nacionales e internacionales; los rendimientos que se obtengan de las inversiones y reinversiones de los recursos asignados al fondo; los ingresos derivados de la recuperación de los recursos asignados a los agraviados con motivo de la reparación del daño realizada por el responsable, la compañía aseguradora o afianzadora; y el importe de las garantías de libertad caucional en cuanto a la parte que se hiciera efectiva por el incumplimiento de obligaciones procesales.
El año pasado, el Instituto de Atención a Víctimas del Delito ejerció la totalidad de los diez millones de pesos del fondo, por lo que en octubre el Congreso local autorizó de forma extraordinaria un fondo de 696 mil pesos para lo que restaba del año.
