- Cinco de los notarios suspendidos presentaron recursos de reclamación, pero no lograron revertir la medida
- Promete magistrado presidente un actuar apegado a derecho
La Sala Administrativa y Electoral (SAE) del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes registra nueve juicios contra las notarías públicas entregadas durante la administración de Carlos Lozano de la Torre, reveló Rigoberto Alonso Delgado. Ocho de estos fueron promovidos de forma individual contra algunos de los nuevos fedatarios y uno contra los doce fiats autorizados por el priista.
El magistrado presidente de dicho órgano jurisdiccional confirmó que actualmente hay ocho notarías suspendidas: la número 6, en poder de Juan Carlos de Alba Ortega; la 54, de María de los Ángeles Aguilera Ramírez; la 59, de Alejandro Bernal Ruvalcaba; la 60, de Alberto Solís Farías; la 62, de Roberto José Arellano Crespo; y la 64, de José de la Mora Ávila. A estas se sumaron, la semana pasada, la 62 y 63, pertenecientes a Asunción Gutiérrez Padilla y Mario Luis Ruelas Olvera, respectivamente.
La SAE ordenó a la Secretaría General del Gobierno Estatal y al Registro Público de la Propiedad vigilar el cumplimiento de la suspensión de los fiats; en caso de que alguno de ellos desacate, habría instrucciones específicas en el momento.
Agregó que cinco de los notarios favorecidos por Lozano de la Torre interpusieron recursos de reclamación para revertir la suspensión decretada por la SAE, los cuales fueron resueltos negativamente: “Actualmente los juicios están en trámite, ya contestaron las demandas prácticamente todos y estamos en el acuerdo de eso, y ya se admitieron algunas contestaciones de demanda”.
El magistrado aseguró que no se tiene un plazo para pronunciarse respecto a la permanencia de los fiats y desconoció cuánto tiempo demorarán los juicios contenciosos administrativos, ya que eso dependerá de cómo se desahoguen las etapas; y es que en el transcurso pueden ocurrir incidencias que retrasen el proceso: “Primero se admite la contestación de la demanda y si hay necesidad se da al actor un término para que amplíe la demanda, si lo hace se les da a los demandados un término de 15 días para que contesten; una vez que se dan estos pasos, se tiene que citar a una audiencia de desahogo de pruebas que está sujeta a los tiempos de trabajo de la Sala. Previo a las audiencias se preparan las pruebas y no siempre se alcanzan a desahogar en una sola audiencia, entonces no sabemos si para entonces se puedan desahogar todas y dictarse sentencia (…) también hay un tiempo en que la Sala tiene que revisar las promociones y acordarlas”.
Alonso Delgado afirmó que no se permitirá la influencia de intereses políticos y prometió actuar en apego a derecho: “Nosotros actuamos con total imparcialidad (…) y nosotros tenemos que tratar de que nuestras resoluciones se sostengan y que no nos lo vayan a revocar que puede pasar, el hecho de que revoquemos una sentencia no quiere decir que es definitiva”.
Cabe mencionar que las sentencias de la Sala Administrativa y Electoral todavía pueden ser impugnadas ante la justicia federal, específicamente a través de tribunales colegiados, los cuales tienen la última palabra. Los juicios presentados ante juzgados federales corren de forma independiente.
