- Martha Martínez Tiscareño aseguró que los calentadores solares fueron entregados a quienes correspondía
- La regidora Hazel Montejano García aseguró que no existen registros sobre los beneficiarios de estos productos
La secretaria de Desarrollo Social del municipio, Martha Martínez Tiscareño, aseguró contar con documentos que demuestran que los calentadores solares entregados al final de la administración de Antonio Martín del Campo, llegaron a las manos correctas.
El lunes 13 de febrero, durante una sesión ordinaria de Cabildo, la regidora priista, Hazel Montejano García reveló que según investigaciones realizadas en enero, sobre los gastos realizados durante la administración de Martín del Campo, se habían detectado varias irregularidades que podrían indicar actos de corrupción.
Una de las irregularidades detectadas es el contrato que se hizo por un monto de 8.1 millones de pesos para la adquisición de tablets y computadoras personales de las que supuestamente no existe registro de a quiénes fueron entregadas o cuál fue el uso que se les dio.
En segundo lugar, agregó, se erogó un monto de tres millones de pesos en el pago de calentadores solares de los cuales igualmente se desconoce quiénes fueron sus beneficiarios o dónde fueron entregados.
Al ser cuestionada sobre estos señalamientos, la secretaria de Desarrollo Social, indicó que cuando ingresó a la administración se le entregó una relación en la que se demuestra que todo el equipo de cómputo y tablets está en pleno uso para lo que además han acudido a cada uno de los sitios que se tienen bajo su resguardo para corroborar esta información; “Tenemos un reporte integral en cuestión de bienes del municipio, en este caso, cualquier computadora y tablet están bajo un registro de Control Patrimonial”.
Respecto a los calentadores solares, aseguró contar con un reporte en el que se especifica que 750 calentadores fueron entregados en el trienio de Martín del Campo a las personas que más se necesitan, “Se aprobaron por Sedesol y se hicieron sus expedientes con los requisitos que piden las reglas de operación”.
Sin embargo, al solicitarle un reporte sobre los beneficiarios, Martínez Tiscareño argumentó que estos no podían hacerse públicos en acuerdo a la protección de datos de las personas que los recibieron como lo marca el reglamento.
