Sin duda, el problema de las Afore ya rebasó la capacidad financiera del gobierno mexicano. De acuerdo a las cifras que han dado a conocer las autoridades, si se buscara que millones de trabajadores tuvieran una pensión que les permita mantener su nivel de vida, tendrían que inyectar al sistema el equivalente 31.6% del PIB (unos 4.2 billones de pesos).
Para complicar más el escenario, el aumento en la expectativa de vida, que ya sobrepasa los 70 años, extiende el tiempo de cobertura de las pensiones y se constituye en una amenaza más para los recursos públicos.
Según las cifras de las instituciones mexicanas, quienes hoy tienen entre 25 o 35 años serán adultos mayores en 2050, y para entonces habrá 13 mexicanos en edad de recibir una pensión por cada 10 jóvenes laboralmente activos y aportantes al sistema.
Dicho de otra manera, por cada pensionado, habrá sólo tres trabajadores activos, según las declaraciones a la revista Forbes México, de Leopoldo Somohano, director corporativo de Planeación Estratégica de Principal Financial Group México.
Los especialistas en los temas económicos advierten que este es el momento de comenzar a aplicar soluciones o, con el paso del tiempo, el problema será más difícil y costoso, “En 20 años se necesitarán seis millones de empleos nuevos para mantener el sistema en equilibrio, algo que se ve difícil de cubrir pues hasta ahora la meta de crear un millón de empleos anuales no se ha podido alcanzar por los distintos gobiernos”.
En México se reportan 104 programas de beneficio definido (esquema en el que el trabajador no ahorra para su retiro), según Andrés Castro, presidente ejecutivo para Latinoamérica de SURA, una de las empresas que administra pensiones bajo el sistema de capitalización individual.
El IMSS en 1997 y el Issste en 2010 pasaron de un esquema de aportaciones colectivas a uno conformado por cuentas individuales, en el que cada trabajador es responsable de su jubilación.
El argumento para realizar la reforma fue que el sistema de beneficios definidos ya no era sostenible, pues cada vez tendríamos más personas en la vejez y menos en edad productiva, por lo tanto, habría más egresos (pensiones) que ingresos (aportaciones). Como resultado de esa reforma, se crearon las afores, que hoy administran 2.4 billones de pesos.
Pero fue una solución parcial y que no resolvió el problema financiero. Por un lado, los trabajadores que empezaron a cotizar antes de las reformas conservan su derecho a obtener una pensión bajo el antiguo régimen. Tan sólo cubrir el pago de pensiones de los empleados que empezaron a cotizar antes de las reformas, con base en la Ley del IMSS de 1973, costará al Gobierno Federal 30% del PIB.
La situación económica de los mexicanos tampoco ayuda para tener un sistema de ahorro para el retiro robusto. Uno de cada cinco mexicanos con empleo gana un salario mínimo, además de que en los últimos 20 años han perdido 72% de su poder adquisitivo, lo que limita el ahorro voluntario que haría crecer la bolsa de recursos de la cual saldrá la pensión.
Los trabajadores con mejores ingresos tampoco tienen incentivos para ahorrar. Sólo es posible deducir de impuestos el 10% de los ingresos ahorrados en un año, siempre que ese monto no supere el equivalente a cinco salarios mínimos anuales (109 mil 171 pesos).
La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) reconoce que persiste una alta concentración de las inversiones de las afores en instrumentos de deuda. Ha impulsado además el programa de ahorro voluntario, mediante el cual, se pretende poner solución a una bomba de tiempo que estallará en algunos años. Es momento, como trabajadores, de voltear a ver esta problemática, no podemos permanecer ajenos a lo que en un futuro a millones de mexicanos nos caerá como avalancha.
