Propuesta de Ley de Seguridad Interior, ¿señal del fracaso del combate a la inseguridad? / De política, una opinión – LJA Aguascalientes
01/10/2020


Desde noviembre de 2014, después de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de la alta presión nacional de exigencia del esclarecimiento de los hechos -calificado como Crimen de Estado por el involucramiento de autoridades gubernamentales y no resuelto hasta el día de hoy-, el presidente de la República, Enrique Peña, presentó un decálogo “Por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo” (LJ, 28 de noviembre de 2014).

Entre las diez medidas anunciadas, destacan tres que están directamente relacionadas con la Iniciativa de Ley de Seguridad Interior que se discute en el Congreso de la Unión: la primera es la “Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales”; la segunda es la “Iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito”; y, la tercera, la “Creación obligatoria de policías únicas estatales” (Animal Político en la red, 28 de noviembre de 2014). Como ha venido sucediendo después del malogrado Pacto por México, también este decálogo ha quedado en pocos avances en el consenso de los legisladores federales (una de estas medidas fue el anuncio de un número nacional para emergencias, 911, que en semanas recientes inició su operación).

Recordemos que los programas para el saneamiento y profesionalización de las policías municipales y estatales iniciaron formalmente en el año 2009, como respuesta a las importantes movilizaciones nacionales que se hicieron en los meses anteriores. El 31 de agosto de 2008 se llevó a cabo la marcha Iluminemos México, en la que participaron decenas de miles de ciudadanos, y se repitió, como demanda por la seguridad, la expresión que el empresario Alejandro Martí tuvo ante el presidente Felipe Calderón y gobernadores de los estados, “Si no pueden, renuncien” (diversos medios, 1 de septiembre 2008).

El cumplimiento de la profesionalización y el saneamiento policial, se vino retrasando hasta caer, prácticamente, en el olvido y el desinterés. Es el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el que nuevamente llama la atención tanto del presidente de la República -aunque Peña no se dio por aludido- como de los gobernadores, para lograr la esperada profesionalización y saneamiento referidos.

En inusual plática con reporteros de los medios de comunicación, Cienfuegos señaló que “Nuestra idea y nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, porque no hay quien las debe de hacer o no tiene esa capacidad… el balance es que a 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos reconstruidas”.

Por ello se dirigió a los periodistas diciendo “Yo quiero pedir que nos ayuden con esto de la ley de seguridad interior, porque podemos servir mejor con un respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va a autorizar… hasta dónde sí, hasta dónde no, y nosotros haremos lo que siempre, lo que dice la ley, acataremos lo que disponga el propio Congreso”, manifestándose de acuerdo con la iniciativa propuesta por el PRI en la Cámara de Diputados (LJ, 9 de diciembre de 2016).

Después del secretario de la Defensa Nacional, también han hecho el llamado al Congreso de la Unión otros funcionarios, incluido el de Gobernación. Evidentemente no hay acuerdo todavía entre los legisladores, ya que los puntos clave en cuestión que están manejando las diversas iniciativas, además de la que envió el presidente Peña, dan claros motivos de preocupación, por varios aspectos: el respeto a los derechos humanos, siendo el fundamental; el dar al Ejército y la Marina competencias que no les corresponden; el pasar a un segundo plano la urgente necesidad de sanear y profesionalizar a las policías; con el mando único retira o diluye la responsabilidad de las autoridades municipales; la posibilidad de que las acciones extrajudiciales se incrementen, aparejadas con la restricción del manejo público de información; el dar oportunidad a que el espionaje a los ciudadanos aumente fuera de los ámbitos de seguridad con el uso arbitrario de la inteligencia, entre otros aspectos más.

Los datos estadísticos que hemos conocido recientemente nos hablan de que los homicidios dolosos se han venido incrementando en los últimos años. Los números mostrados por el Inegi en su estadística de homicidios dolosos no bajan de 20 mil al año, lo que ya hace prever que la administración de Peña rebasará el número de la registrada por la administración Calderón.

¿Cuál es el punto que debemos observar y estudiar en el marco de los análisis que se hacen sobre la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, además de la insistente propaganda que desestima los datos de Inegi? La respuesta es que, si amplían el marco legal, como lo solicita el secretario de la Defensa Nacional, para dar “certeza jurídica” a las acciones de los soldados y marinos en materia de seguridad pública y combate a la violencia de la delincuencia organizada, será una clara señal del fracaso de las estrategias y programas de seguridad pública que se han venido instrumentando en la actual administración del Gobierno de la República.

Desafortunadamente para la sociedad mexicana, la realidad de los hechos de violencia que se vienen dando en los estados de la República corroboran, no sólo las dudas de legisladores sobre la multicitada ley de seguridad interior y su confusión de competencias y responsabilidades de los diversos niveles de gobierno, sino también la ineficiencia y la ineficacia de los planes especiales y regionales, emprendidos repetidamente en diversos estados con una supuesta y refinada coordinación de instancias.

Existe un fondo en el grave problema que sigue sin atenderse de manera adecuada: la corrupción de autoridades y su colusión con los delincuentes. Los recursos públicos se dilapidan y las vidas se siguen perdiendo con la desatención e indiferencia hacia el combate a la corrupción. Su remedio, invariablemente, será que los gobernantes vivan y apliquen la ética política.

 

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