- Las investigaciones son principalmente posesión de drogas, robo, allanamiento de morada y lesiones
- En 15 meses, 78 adolescentes fueron vinculados a proceso y a 38 se les dictó sentencia
En 15 meses, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGE) abrió 154 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación en contra de menores de edad probablemente implicados en delitos, de las cuales 68 se encuentran actualmente en integración, de acuerdo con un informe entregado vía transparencia.
En respuesta a la solicitud de acceso a la información 37370, la FGE desglosó que entre enero de 2016 y marzo del 2017, 53 adolescentes fueron consignados a autoridades jurisdiccionales por su participación en actos ilícitos, principalmente delitos contra la salud -producción, posesión y tráfico de drogas- con un total de 34. Le siguen robo calificado, con once; robo equiparado, tres; y robo calificado en grado de tentativa, uno; así como allanamiento de morada, lesiones culposas, lesiones dolosas con arma blanca y violación sexual, con un caso cada uno.
En ese mismo periodo, 78 jóvenes inculpados fueron vinculados a procesos judiciales, nueve de ellos fueron enviados a prisión preventiva, a 38 se les dictó sentencia y cinco fueron resueltos a través de métodos alternos de solución de conflictos -negociación, mediación, conciliación-, según datos proporcionados por el Poder Judicial del Estado, en respuesta a la solicitud de acceso a la información 37371.
En 2005, se reformó el artículo 18 de la Constitución con el fin de instaurar el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que busca que los acusados de algún delito de entre 12 y 18 años de edad, tengan acceso a un juicio justo en el que se respeten sus derechos fundamentales y, en caso de resultar responsables, se promueva su reintegración social y familiar.
En junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuya implementación deberá haberse completado el 18 de junio de 2019 en todos los estados del país.
Dicho ordenamiento establece que, en ningún caso, una persona mayor de edad podrá ser juzgada en el sistema de justicia para adultos por un hecho probablemente cometido cuando era adolescente. Los imputados que alcancen la mayoría de edad durante el proceso, seguirán siendo juzgados conforme a las reglas de este sistema y en caso de que la persona tenga 18 años cumplidos cuando sea capturada pero exista la posibilidad de que haya sido menor cuando se cometió ilícito, gozará de esa presunción hasta que se halle alguna prueba en contrario.
Las penas privativas de libertad sólo aplican en personas de 14 a 18 años, y no por más de seis meses; las de doce años o menos no participan en este sistema penal y sólo serán responsables civilmente, sin importar el delito que comentan. El marco legal contempla sanciones que favorecen la reinserción de los menores en la sociedad, tales como la prestación de servicios a favor de la comunidad, prohibición de asistir a determinados sitios o conducir vehículos.
