- Las entidades tienen hasta el 18 de julio de este año para su implementación.
- Imco, Coparmex y Transparencia Mexicana recomiendan presionar a los Congresos locales para que lleven a cabo su obligación
A cuatro meses de que venza el plazo para que los estados del país cuenten con sus propios sistemas anticorrupción, Aguascalientes sigue sin tener las leyes que se requieren para su implementación, tampoco hay iniciativas en la agenda legislativa.
De acuerdo con el Semáforo Anticorrupción, elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Transparencia Mexicana, Aguascalientes forma parte de las 24 entidades federativas que no han legislado sus Sistemas Estatales Anticorrupción. Sólo Chiapas y Nayarit cuentan con el marco legal para poner en marcha el mecanismo para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción; en tanto, Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Morelos sí tienen iniciativas en sus respectivos Congresos locales, aunque en algunos no son consideradas satisfactorias.
En julio de 2016, se aprobó el paquete de reformas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que ordena la creación de 32 sistemas estatales con estructura y facultades equivalentes; las entidades tienen hasta el 18 de julio de este año para su implementación.
Aguascalientes, junto con Baja California Sur, Chiapas, Querétaro, Nayarit, Puebla, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, es considerado de los estados que homologaron dicha reforma constitucional de forma satisfactoria.
El estado obtuvo una calificación de 90 por ciento, según el análisis basado en diez criterios: creación de un Sistema Estatal Anticorrupción, Comité Coordinador, Comité de Participación Ciudadana, fiscalía especializada en combate a la corrupción, tribunal de justicia administrativa, incorporación de un nuevo régimen de responsabilidades de servidores públicos, declaración 3de3 obligatoria y autonomía en los tres poderes.
Las observaciones formuladas al estado indican que si bien se garantiza la autonomía técnica y de gestión del Órgano Superior de Fiscalización (Osfags), no se eliminó el principio de posterioridad y que se reformó solamente el aspecto de investigación y sustanciación de las faltas administrativas graves, pero no otorga facultades de sanción a las faltas no graves al Osfags, Contraloría General y órganos internos de control.
El estudio recomienda a las organizaciones de la sociedad civil presionar a los Congresos locales para que lleven a cabo su obligación, al tratarse de un mandato constitucional establecido en su artículo 113.
Cabe mencionar que Imco, Coparmex y Transparencia Mexicana diseñaron una Ley Modelo para los Sistemas Locales Anticorrupción, para que los estados la utilicen como guía, misma que puede ser consultada en el siguiente portal: https://goo.gl/qgUGFK
