- También fue avalada con 26 votos a favor la quinteta de candidatos a ocupar la Fiscalía General
- La quinteta que será remitida al gobernador la integran Juan Manuel López Esparza, Griselda González Morales, René Urrutia de la Vega, Rafael García Fernández y Armando Quezada Chávez
Con 26 votos a favor y la representación de todas las fuerzas políticas representadas, el Pleno de la LXIII Legislatura designó al contador público Sergio Escalante Jiménez como titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (Osfags), quien se desempeñará en el cargo hasta el 23 de febrero de 2019.
Escalante Jiménez es egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la generación 88-93, cuenta con 27 años de experiencia en la iniciativa privada y en el servicio público. Entre los cargos que desempeñó en la administración pública, está el de director de general de Auditoría y Cuenta Pública para el Estado de Aguascalientes del Osfags, de mayo de 2012 a febrero de 2015; además de prestar sus servicios en diverso despachos contables.
El dictamen que emitió la Comisión de Vigilancia, contemplaba también a los candidatos Luis Alejandro Lara López y Ricardo Rodríguez Vargas, quien recibió un sufragio a favor.
Guillermo Alaniz de León destacó el resultado de la votación, argumentando que “la totalidad de las fuerzas que integramos el Congreso estamos conscientes de la necesidad de tener un Auditor que esté velando por los intereses del pueblo y que realice tan importante labor para el desarrollo del Estado”.
En otro punto del orden del día, fue avalado por mayoría con 26 votos a favor y uno en contra mediante el proceso de cédula el Acuerdo Legislativo de la Comisión de Gobierno, que contiene la quinteta de aspirantes a ocupar el cargo de fiscal general del Estado (FGE) que dejó vacante Óscar Fidel González Mendívil desde el 28 de febrero.
La lista la conforman Juan Manuel López Esparza, Griselda González Morales, René Urrutia de la Vega, Rafael García Fernández y Armando Quezada Chávez.
Este documento será remitido al gobernador Martín Orozco Sandoval, quien a su vez tendrá un plazo de cinco días naturales para designar una terna y turnarla de nueva cuenta al Congreso del Estado.
Una vez realizado dicho procedimiento, el Poder Legislativo elegirá al que fungirá como el nuevo titular de la FGE que durará en el cargo hasta el 28 de febrero de 2018.
Fue avalado por mayoría con 25 sufragios a favor, uno en contra y una abstención, el dictamen que emitió la Comisión de Desarrollo Social -que encabeza Salvador Pérez Sánchez- y que resuelve la iniciativa que presentó la representación del grupo parlamentario del PAN en la anterior legislatura, a través de la cual se reforma y adiciona la Ley que Regula las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes, con el propósito de fortalecer su funcionamiento, mediante la aplicación de mecanismos que propicien mayor transparencia y clara difusión de las convocatorias para la asignación de los recursos públicos en las que participan las organizaciones civiles.
La modificación también contempla que la representación del Poder Legislativo tenga voz y voto dentro de la Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, pues en la normatividad actual sólo tiene voz.
La legisladora Paloma Amézquita Carreón destacó que esta reforma fortalecerá la transparencia en los procedimientos para asignación de recursos públicos a las OSC, mejorando su funcionamiento en favor de los grupos vulnerables.
En otro punto del orden del día, fue avalado por mayoría con 25 votos a favor, uno en contra y una abstención, el dictamen que emitió la Comisión de Servidores Públicos -que preside Sergio Reynoso Talamantes- y que resuelve en sentido negativo la iniciativa de reforma de diversos artículo del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado, sus Municipios y Organismos Descentralizados, propuesta por la representación del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza de la anterior legislatura.
El proyecto tenía la intención de establecer una indemnización de 20 días de salario por año trabajado en favor del trabajador que haya sido despedido de manera injustificada, además de los tres meses de sueldo que ya prevé el Estatuto Jurídico en mención.
El presidente de la mesa directiva del Congreso, Gustavo Báez Leos, clausuró los trabajos de la presente sesión, al tiempo que citó a sus homólogos para el martes 14 de marzo a las 10:00 horas.
Con información del Congreso del Estado
