En días recientes, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se pronunció a favor del fortalecimiento del impuesto predial en México, al declarar que el predial “le da a los municipios una fuente de ingreso muy relevante”, y que además “se convierte en un instrumento de desarrollo muy importante” (El Financiero, 15-03-2017). Asimismo, consideró que el predial representa el principal hueco fiscal en México, pues éste representa únicamente 0.2% del PIB, mientras que en América Latina representa 1.7%, en la OCDE 2.2%, en Estados Unidos 3.2% y en Inglaterra 4.4%. Esta declaración motivó una respuesta de rechazo por parte de Fernando Herrera, senador por Aguascalientes, quien consideró que, debido a que el partido Acción Nacional gobierna 460 municipios del país, el fortalecimiento del impuesto predial tiene “una intención electoral” por parte del Gobierno Federal, quien pretende que “los gobiernos locales, como el municipio de Aguascalientes, asuman los costos políticos y las consecuencias de aumentar el predial en lugar de que el Gobierno Federal se apriete el cinturón en materia de gasto corriente” (La Jornada Aguascalientes, 16-03-2017). ¿Quién tiene razón? Veamos.
Lo primero es analizar la manera en que el impuesto predial puede, en efecto, contribuir al desarrollo social y económico de los municipios y las ciudades de México. Deberíamos comenzar por reconocer que los gobiernos locales tienen un alto nivel de responsabilidad de gasto, pero bajos niveles de autonomía. Esto los coloca en una posición difícil para financiar la provisión de bienes y servicios para la población. Ante este escenario, los gobiernos locales son altamente dependientes de las transferencias federales (participaciones, aportaciones y subsidios) que generalmente están etiquetadas, y, por lo tanto, no necesariamente responden a las necesidades locales. En México, más del 90% de los ingresos de los gobiernos locales provienen de esas transferencias y únicamente el 3% de todos los ingresos tributarios estatales y municipales provienen de impuestos propios, en comparación con el 23% de los países de la OCDE. Esta baja autonomía no nada más limita la disponibilidad de recursos, sino que además crea desincentivos para los gobiernos locales para explotar sus propias fuentes de financiamiento, dado el costo político de poner o aumentar impuestos propios y los recursos necesarios para administrarlos.
Dicha dependencia además lleva a una baja eficiencia en el gasto público, pues no existe una vinculación entre los impuestos que se cobran y los beneficios que recibe el ciudadano, por lo cual los políticos deberían rendir cuentas. En este sentido, movilizar fuentes de financiamiento propias de los gobiernos municipales como el predial, es un elemento fundamental para promover la autonomía local, y tiene el potencial de constituirse como la principal fuente de ingresos para mantener la infraestructura y los servicios públicos (Lincoln Institute, 2015). Más aún, diversos estudios consideran que el predial es una de las mejores opciones para recaudar ingresos para pagar por bienes y servicios públicos locales (ibid). ¿Por qué?
Primero, este gravamen está estrechamente relacionado con el financiamiento de gobiernos municipales por la conexión inmediata entre el valor de una propiedad y los servicios financiados en el ámbito local. Estos servicios incluyen, por ejemplo, la provisión de agua y drenaje, la recolección de basura, el mantenimiento de espacios públicos, entre otros. En este sentido, tiene un alto potencial para igualar las cargas fiscales con los beneficios del gasto público. Además, el hecho de que el suelo y las construcciones que grava el predial sean inamovibles, disminuye la posibilidad de que los contribuyentes puedan reubicarse en otra jurisdicción para evitar el impuesto -a menos que vendan su propiedad. Por lo tanto, con un sistema predial bien administrado, los municipios pueden contar con una fuente predecible, autónoma y potencialmente lucrativa para mejorar sus ciudades.
Segundo, el predial tiene la posibilidad de evitar cargas mayores sobre las familias de bajos ingresos. Es decir, se considera altamente progresivo y equitativo, pues la suma que se debe pagar está determinada por el nivel de riqueza y no por el porcentaje de una transacción, como en el caso del IVA. En otras palabras, el predial aplica una carga sobre los propietarios proporcional al valor de su inmueble; un efecto atractivo en países donde la riqueza está más concentrada que el nivel de ingresos. En contraste, los impuestos sobre bienes y servicios como el IVA tienden a ser regresivos, pues independientemente de la riqueza o el nivel de ingresos, el contribuyente, rico o pobre, aporta un porcentaje idéntico.
Tercero, el predial es altamente visible para los contribuyentes. El hecho de que los propietarios de bienes inmuebles sean conscientes del predial, tiene la ventaja de fomentar la rendición de cuentas de los gobiernos municipales, un aspecto positivo en términos económicos, al fomentar la restricción presupuestaria y la transparencia, y políticos, al promover el desarrollo democrático. Asimismo, la recaudación del predial puede generar una cultura fiscal positiva y fomentar la corresponsabilidad, haciendo que los ciudadanos sean más conscientes de su responsabilidad por el costo de los servicios públicos.
Por último, es verdad que muchos contribuyentes se resisten a pagar el predial debido a la falta de beneficios visibles, especialmente en áreas en donde la infraestructura es insuficiente y la provisión de servicios inexistente. Ante la ausencia de mejoras en los servicios públicos, las autoridades municipales solamente asegurarán el cumplimiento de los contribuyentes al crear un clima de mayor confianza y legitimidad para cobrar el impuesto. Una participación más estrecha de los contribuyentes en el proceso de definición del presupuesto y las acciones municipales puede contribuir a generar un clima de mayor transparencia y legitimidad y a tener gobiernos locales más responsivos.
En conclusión, los gobiernos municipales deben crear políticas tributarias más equitativas que mejoren la provisión de servicios en el ámbito local y que establezcan un contrato social entre los contribuyentes y el Estado. Especialmente en zonas urbanas, el predial tiene la oportunidad de ser un instrumento para generar ingresos que sean etiquetados para financiar mejoras que benefician directamente a los contribuyentes y propietarios de bienes inmuebles, como la provisión de agua o alumbrado. No se trata de aumentar la tasa del impuesto predial, sino que de ésta alcance un nivel óptimo, que se asegure su cumplimiento y que sea administrado de manera transparente y responsable. De esta manera el predial puede ser un instrumento eficaz para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las ciudades mexicanas.
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Referencias:
– Cesare, C. (2015). Mejoramiento del desempeño del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria en América Latina. Lincoln Institute of Land Policy
