En un acto inédito para la vida institucional mexicana, el 21 de febrero la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una disculpa pública a las indígenas ñañús Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan, y Teresa González Cornelio, a once años de la incursión violenta de un grupo policías federales al mercado de Santiago Mexquititán, en la sierra de Querétaro, quienes supuestamente realizaban un operativo contra la venta de “mercancía pirata.”
Así de entrada, suena ridículo e inverosímil que tres menudas mujeres indígenas hayan secuestrado a seis bigotudos policías federales de la AFI, pero lo cierto es que por esos cargos fueron detenidas, procesadas penalmente y condenadas a 21 años de cárcel en unas causas penales cuyos detalles reflejan, como en tantos otros casos, muchas irregularidades graves, todas ellas violatorias de los Derechos Fundamentales de las indígenas acusadas.
Así que el asunto de estas bravas mujeres mexicanas se hizo de dominio público gracias a la intervención de personas como Ricardo Rocha, quien publicó un conocido texto en El Universal bajo el título “Yo soy Jacinta” (5 de marzo de 2009).
Luego, estando ya en libertad una de ellas por falta de pruebas, los otros dos asuntos llegaron a la Corte (SCJN), donde la primera Sala revocó las sentencias condenatorias. Ya libres las tres y asesoradas por el centro PRODH, decidieron reclamar a la PGR la reparación del daño, de manera que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no tuvo más remedio que condenar a la PGR al pago de una indemnización, además de la disculpa pública. Congruente con su mal hacer, la PGR retrasó todo lo que pudo el cumplimiento de la sentencia referida, pero al final no le quedó más que cumplirla el pasado 21 de febrero.
Tienen tanto interés público que es obligado reproducir parte de las emotivas palabras de Jacinta durante el acto de desagravio organizado por la PGR: “Yo estuve en la cárcel porque no sabía defenderme”. “Me acusaron de secuestro, pero los secuestradores eran ellos porque me llevaban a un lugar que yo no conocía”. “Lloraba en ese momento, decía ¿qué hice para estar en este lugar? Creí que estaba en el infierno”. “Estaré contenta cuando se acabe la injusticia. Estaré contenta cuando nos respeten como indígenas. Mientras, no estoy contenta”.
Luego, vinieron las hoy célebres palabras de la profesora de educación primaria Estela Hernández hija de Jacinta (ojo con este dato, porque no es menor, incluso podríamos decir que la profesora Estela se formó en una Escuela Normal Rural cuyos estudiantes en su mayoría son indígenas, como en el caso de Ayotzinapa): “El miedo no puede estar por encima de la vida”. “Ser mujer pobre e indígena no es motivo de vergüenza”. “Preguntarán si es suficiente la disculpa pública y la aclaración de inocencia de Jacinta. Jamás lo será”. “No basta la reparación de daños para superar el dolor, la tristeza, la preocupación y las lágrimas ocasionados a la familia”. “A los que solo piensan en el dinero como reparación del daño, no se preocupen, no nacemos con él, ni moriremos con él. Nuestra riqueza no se basa en el dinero”. “Este caso cambió nuestras vidas para ver que las víctimas nos necesitamos, que lo que al otro le afecta, tarde o temprano me afectará a mí”. “Hoy se sabe que en la cárcel no necesariamente están los delincuentes. Están los pobres que no tienen dinero, los indefensos de conocimiento que los poderosos someten a su voluntad” (El País, 22 de febrero de 2017).
Los hechos narrados nos obligan necesariamente a preguntarnos por lo que llevó a nuestras instituciones de “procuración de justicia” (“¿Cuándo se jodió El Perú?”, se preguntaba otro Vargas Llosa allá en 1969) hasta las muchas y lamentables actuaciones como la reseñada, o ¿Cuántos asuntos más como los de estas valientes indígenas hubo y habrá ventilándose en juzgados y tribunales de todo el país? ¿Cuántos probables inocentes son detenidos, privados de su libertad y sentenciados a injustas penas de cárcel, dada su triple condición discriminatoria al ser pobres, mujeres e indígenas? Más aún: ¿Cuántos recursos públicos consumen estas nefastas actuaciones?, ¿Qué hay de todos los empleados públicos responsables involucrados en este caso? ¿Habrá en algún momento responsabilidad penal y administrativa en su contra?
Son, entre muchas otras, reflexiones que colectivamente los mexicanos deberíamos hacer para tomar urgentes medidas al respecto, pues lejos estamos de la pretendida “justicia cotidiana” mientras estas situaciones existan y se repitan, dada la cantidad de casos análogos repartidos por casi todas las regiones del país.
“En pie de lucha por nuestra patria, por la vida y por la humanidad. Hasta que la dignidad se haga costumbre”, cerró su discurso Estela, la hija de Jacinta en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Así que tiene mucha razón el periodista Ricardo Raphael (El Universal, 23 de febrero de 2017) cuando dice que la frase de Estela puede bien ser, parafraseando a Elena Garro, “un recuerdo del porvenir”.
@efpasillas
