- Primero debe ir la ley y después el nombramiento
- Según el senador Fernando Herrera, no se trata sólo de legitimar a la PGR
El senador aguascalentense Fernando Herrera Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, desarrolla una intensa agenda para lograr los acuerdos que permitan nombrar un fiscal anticorrupción autónomo, con capacidad para meter corruptos a la cárcel.
El coordinador de los senadores del PAN encabezó una reunión de seguimiento para la puesta en marcha de los Sistemas Locales de Anticorrupción, que por mandato constitucional se encargarán de coordinar a las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
Más tarde, recibió en sus oficinas de la Junta de Coordinación Política al Comité de Acompañamiento Ciudadano, conformado por María Cristina Puga Espinoza, Silvia Inclán y Luis Carlos Ugalde, quienes le entregaron la evaluación de los 23 candidatos, de los cuales proponen cuatro.
El martes recibió de las comisiones unidas de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana el dictamen de elegibilidad de los 23 aspirantes al cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, que comparecieron la semana pasada.
El senador reiteró la necesidad de que antes de que se emita el nombramiento del fiscal anticorrupción deberán concretarse las reformas constitucionales que den como resultado la creación de un nuevo modelo de procuración de justicia: “Lo que nosotros hemos dicho es que, primero debe ir la ley y después el nombramiento, o bien, ir la discusión de la ley y también la discusión sobre el nombramiento”, aclaró.
Señaló que si ambos salen “a la par, sería una extraordinaria noticia, porque esto permitiría tener un fiscal, como lo está demandando la sociedad, con independencia, autonomía, con capacidad de gestión, con una posibilidad seria y real de combatir la corrupción”.
Advirtió que no se busca un fiscal que sólo sirva para legitimar el actual funcionamiento de la Procuraduría General de la República, que hoy tiene la responsabilidad de combatir la corrupción y “ha hecho caso omiso, o ha sido, parece que hasta comparsa de algunos ex gobernadores priistas que tal parece que se evaporaron”.
Herrera Ávila destacó que el objetivo es designar un fiscal que tenga atribuciones, que tenga un marco de actuación para combatir la corrupción, no sólo para adornar una posición en el organigrama.
