En los últimos años y meses, la sociedad de Baja California, alejada del centro del país como ninguna otra, pero a la vez orgullosa de su identidad, plural y multiétnica como pocas en México, la misma que por ejemplo, en cada proceso electoral bate su propio récord de abstención, ha hecho cosas muy importantes. Bien se podría hablar de la amplia movilización social en contra del gasolinazo o de la sorprendente respuesta de la sociedad civil acogiendo y arropando sin dudarlo, allá donde todas y cada una las instituciones públicas fallan evidentemente, a los más de cinco mil hombres, mujeres y niños haitianos varados desde el verano pasado en Tijuana y Mexicali; y de paso poniéndole al mundo, muy en especial al racismo estadounidense, un enorme ejemplo de solidaridad humana justo en su frontera sur. Pero también podríamos hablar del sonado triunfo de la rebelión cívica cristalizada en el Movimiento Mexicali Resiste, que fue capaz de echar abajo un decreto aprobado casi a escondidas por el Congreso del Estado para privatizar el servicio de agua potable, o bien el mérito de haber presionado hasta conseguir en pocos meses la eliminación del fuero a todos los empleados y funcionarios públicos. Logros simbólicos si se quiere, ante la magnitud de los problemas de esa región y del país entero, pero altamente significativos para una sociedad agraviada y harta de la corrupción, de la impunidad y del saqueo. Así que los buenos ejemplos de la sociedad bajacaliforniana también cuentan, y cuentan mucho.
En ese marco regional, debe tenerse muy en cuenta el tema de los jornaleros de San Quintín, que llegaron ayer a la Ciudad de México una vez más para sostener ante las autoridades su lucha y demandas por un trato justo, pues de los compromisos adquiridos por el gobierno con ellos en 2015, sólo se cumplió el tocante al registro de su sindicato.
Esto, porque la realidad cotidiana de estos jornaleros, en su mayoría indígenas, nos remite sin duda a ese “México Bárbaro” bien descrito por el periodista John Kenneth Turner hace más de cien años. Un México que en realidad nunca se fue, porque sigue practicando la esclavitud encubierta contra sus propios ciudadanos en distintas formas, sujetándolos a una triple discriminación por ser pobres, indígenas y migrantes.
Estas diversas formas de esclavitud moderna afectan a hombres, mujeres y niños, y en general se traducen en trabajo forzado, explotación comercial y sexual, narcotráfico, crimen organizado, y en menor grado, también en mendicidad forzada. El trabajo forzado afecta principalmente a las mujeres en la industria agrícola, minera, constructora y doméstica (Walk Free Foundation). Y así se sigue practicando una suerte de esclavitud bajo formas como la trata de personas, el trabajo infantil o las inhumanas condiciones de los trabajadores del campo.
Dicha semi esclavitud refleja poco y nada al país moderno que se intenta vender en los discursos oficiales, y si bien es verdad que San Quintín no destapó el asunto de la esclavitud en México, porque los jornaleros siempre han estado allí, lo mismo que en muchas otras regiones agrícolas del país, sí que representa un claro ejemplo de autoridades municipales, estatales y federales omisas o cómplices, por decir lo menos, así como de empresarios sin escrúpulos en ambos lados de la frontera, que pretenden hacer como que no ven ni oyen los reclamos de los jornaleros por un trato justo. Incluso habrá quien diga, con no poco cinismo, que los 100-150 pesos (más o menos entre cinco y siete dólares) que reciben por doce horas de duro trabajo en los campos de fresas, hortalizas o arándanos para exportación, son mucho más que un salario mínimo en cualquier otra región del país, aunque en claro contraste, a menos de 350 kilómetros al norte, la paga de un jornalero agrícola indocumentado ronda los 300 dólares semanales. Claro, son cosas de ese Libre Comercio del TLCAN que nuestros políticos en el gobierno han defendido con tanto ahínco durante los pasados 35 años. Así que es una buena idea la propuesta de ciertos sectores en Canadá, la de incluir la protección de los derechos de los trabajadores agrícolas de manera trilateral en la renegociación del TLCAN, cosa de la cual el gobierno mexicano parece no querer decir nada.
Y no sólo es la paga el problema de los jornaleros en su propia tierra, sino también las condiciones de explotación, inseguridad e insalubridad en las que viven los trabajadores agrícolas y sus familias. Así, según el más reciente Informe Global sobre Esclavitud en el Mundo, México es el país de la región con el mayor número de personas que viven en esta situación, con aproximadamente 367 mil 800. Le siguen Colombia, Perú y Brasil. Todos estos, coincidentemente, países con grandes poblaciones indígenas.
El mismo documento detalla que la población más vulnerable a esta condición son los niños, quienes no sólo son usados para trabajos domésticos, sino también para las labores en el campo. Cifras de la Unicef, por ejemplo, revelan que 44 por ciento de los hogares de trabajadores agrícolas tenían al menos un niño o niña, quienes aportaban en promedio 41 por ciento del ingreso familiar. Un elemento que hace más vulnerable a este segmento de la población es que al menos 44.9 por ciento de las familias jornaleras en las que el trabajo infantil es una constante, son indígenas. Así que se acumulan por casi todo el territorio casos donde las en general omisas autoridades del trabajo, han rescatado jornaleros en penosas condiciones también en Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Guerrero y Baja California Sur. En todos los casos, los trabajadores y sus familias vivían en chozas hechas con desechos y ramas, en medio de basura y lodo, sin drenaje ni letrinas, sin agua potable ni luz eléctrica. Sin servicios médicos ni seguridad social, ni escuelas para los hijos de los jornaleros, también expuestos a los agroquímicos y pesticidas.
Así que en tiempos en los que a la sociedad civil mexicana no parece quedarle otro camino más que hacerse cargo del desastre que impera ante la falta de cualquier tipo de liderazgo institucional; es buena idea recordar los nombres de esas compañías que explotan y humillan a los trabajadores del campo (Driscolls es una de ellas, cuyos productos vende la multinacional Costco), pues aunado a la digna lucha de los jornaleros de San Quintín, el boicot de los consumidores puede ser una poderosa herramienta de disuasión ante la explotación en todos los sectores de consumo. En efecto, solo cuando las autoridades locales y nacionales, así como los organismos internacionales asuman sus tareas de protección de los trabajadores en general, y del campo en particular, sumado al boicot masivo de esos productos por parte de los consumidores, tal vez el respeto a los Derechos Fundamentales de los jornaleros agrícolas y de sus familias pasará a ser la norma y no la excepción en México.
P.S. Palabra de Neruda: “…yo sé hacia dónde vamos, y es ésta la palabra: no sufras porque ganaremos, ganaremos nosotros, los más sencillos ganaremos, aunque tú no lo creas, ganaremos”.
@efpasillas
