En los meses que han transcurrido del 2017, el presidente de la República, Enrique Peña, ha tenido frecuentes encuentros con las fuerzas armadas y sus comandantes. En ellos ha sobresalido una inusual defensa de las acciones que están realizando en el marco de la estrategia de combate a la violencia de la delincuencia organizada que lleva a cabo el Gobierno de la República. Las reuniones han sido más de las que regularmente realizan los presidentes de acuerdo al calendario cívico de festejos patrios del ejército y la marina.
Uno de esos eventos que llamaron de manera especial la atención de la opinión pública, fue el llevado a cabo el 28 de marzo, en el Campo Militar Número Uno, donde el presidente Peña se reunió con 32 mil soldados y marinos acompañados por sus familias -“supera en mucho lo que hubiese yo pensado. Es enorme este escenario… estaré más que agradecido y reconocido con la labor que prestan nuestras fuerzas armadas”-.
Entre las partes del mensaje del presidente que más fueron destacadas por los medios de comunicación, están las siguientes: “Son inadmisibles e inaceptables las expresiones que, algunos de manera simple, no sé si por ignorancia o con dolo, descalifican la labor de los integrantes de nuestras fuerzas armadas… quienes denigran la labor de nuestras fuerzas armadas, denigran a México; quienes las lastiman, lastiman a México; quienes desacreditan su trabajo, desacreditan a México… que han calificado que la labor de nuestras fuerzas armadas está dedicada a ofender, a lastimar, a faltar a los derechos humanos, a masacrar, como alguno se atrevió a decir” (LJ, 29 marzo).
A la defensa del ejército, la marina, la fuerza aérea, más la policía federal, que han venido haciendo tanto el presidente de la República como los miembros de su gabinete, se han conjuntado los innumerables elogios como respuesta a las acusaciones y denuncias que han recibido por la violación a los derechos humanos en su participación en el combate a la violencia.
En este contexto, cabe hacer la pregunta de ¿por qué la multiplicación en los meses recientes de las ocasiones de defensa y elogio de las fuerzas armadas? En el esbozo de una respuesta, consideremos dos elementos-premisa: el primero, de acuerdo a la estadística Inegi de defunciones por homicidio (https://goo.gl/1mMgrz), el promedio anual en los cuatro años de la administración actual rebasa la cantidad de 21 mil homicidios por año, dato que indica que, en lugar de descender respecto de la administración anterior que tuvo un promedio de 20 mil 268 por año, la cantidad se está incrementando; el segundo elemento es la inconformidad expresada por el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, en la participación en las estrategias de seguridad pública, por no ser parte de sus funciones constitucionales.
El corolario de las dos premisas se puede observar con otra pregunta -hipotética-: si las fuerzas armadas no tienen como misión constitucional la seguridad pública -por lo que los comandantes están inconformes-, y les siguen ordenando participar en ella, y los resultados muestran un rotundo fracaso, ¿qué caso tiene seguir haciéndolo?
En este punto es oportuno recordar que la presencia de las fuerzas federales en algunas regiones del país, no ha sido el factor decisivo para la disminución de la violencia. La muestra de esta circunstancia es el repetido lanzamiento de nuevas estrategias y planes de seguridad que ha hecho el Gobierno de la República en esas regiones, por no tener los resultados esperados. También ha sido frecuente el tener que retirarlas o trasladarlas a otras zonas del país que han demandado su presencia, hasta que nuevas circunstancias de violencia las hacen regresar a los lugares anteriores -con nuevos planes y estrategias-. La disminución de la violencia se ha logrado cuando las autoridades y las policías locales han trabajado adecuadamente, y no se han prestado a la corrupción con los delincuentes y a la impunidad.
Entonces, ante la no disminución de homicidios y el reclamo de los militares por su permanencia en la seguridad pública, ¿cuál es la posición del presidente Peña? Evidentemente está en entredicho su política de seguridad pública; la deficiente operación de los programas de la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, no ha logrado los resultados demandados por los generales y almirantes de las fuerzas armadas, siendo un elemento más de su inconformidad y reclamo al comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
La respuesta que está teniendo el presidente Enrique Peña, a estas alturas de su administración y con el fracaso de sus estrategias, parece basarse solamente en los discursos de defensa y elogios a las fuerzas armadas: “La tarea de Ejército, Armada y Fuerza Aérea no es ocuparse de la seguridad en las calles pero, es cierto, el crimen organizado en muchos lugares ha tenido capacidades mayores a las de varias corporaciones policiacas y eso ha llevado a una decisión del gobierno de que nuestras fuerzas armadas apoyen de forma subsidiaria las tareas en favor de la seguridad de las familias mexicanas” (misma cita, LJ).
De esta manera, es comprensible, por lo tanto, que el presidente multiplique los encuentros para hacer la defensa del trabajo de las fuerzas castrenses y para dirigirles elogios; o, ¿temerá alguna otra cosa? Es claro que la imagen del presidente está ya deteriorada por su incompetencia en el gobierno, sin embargo, la lealtad de los mandos de las fuerzas armadas a las instituciones políticas del país y a sus leyes, a pesar de todo, no está en duda.
Los militares han dado muestras de que saben trabajar con los gobiernos de todos los partidos políticos. Por ahora los ciudadanos tenemos el camino de participar en los procesos electorales de 2017-2018, demandando que los gobiernos, específicamente los priistas, saquen las manos de las campañas y dejen a los electores votar con libertad, sin compra de voto, logrando así el cambio de gobierno.
