- Señala el Observatorio de Violencia situaciones de vulnerabilidad, estigmatización y discriminación
- Se visibilizan las fallas en la procuración y administración de la justicia de los procesos relacionados con niñas, niños y adolescentes
El miércoles 12 de abril se emitió la sentencia absolutoria después de un proceso de más de tres años, en el que una adolescente fuera inculpada de homicidio doloso calificado con premeditación, ventaja y alevosía, señaló el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado, quien ha dado seguimiento al caso, por lo que busca visibilizar las fallas del sistema y violencias estructurales a las que se enfrentan niños y adolescentes, comentó Laura Luna, abogada del Observatorio.
En el caso de la adolescente resaltan situaciones de vulnerabilidad, estigmatización y discriminación, que visibilizan la feminización y criminalización de la pobreza, el uso por parte de la delincuencia organizada de mujeres, niñas, niños y adolescentes al considerarles elementos reemplazables, la cosificación de las mujeres y violencia institucional.
“La adolescente es detenida por un grupo de policías estatales y ministeriales y desde ese primer momento y hasta la sentencia no es tratada conforme a derecho, ni con perspectiva de género, es decir, no se analizan los contextos y las relaciones de poder, omitiendo además lo señalado en la jurisprudencia Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva de género, ni en la tesis aislada Impartición de justicia con perspectiva de género. Obligaciones que debe cumplir el estado mexicano en la materia, ignorando, además, la obligación de seguir el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se señala que la perspectiva de género es un enfoque que visibiliza y analiza las relaciones de poder basadas en el sexo, el género y la orientación sexual, y determina si dicho trato es necesario y por lo tanto, legítimo, o si, por el contrario, es arbitrario y desproporcionado y por lo tanto, discriminatorio”, puntualizó Paulina Díaz, abogada del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (Ovsga).
Este proceso también visibiliza las fallas en el tema de judicialización, procuración y administración de la justicia de los procesos relacionados con niñas, niños y adolescentes, y que afectó la vida de la adolescente durante los casi tres años que estuvo Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA), “Tenemos no solamente un aparato burocrático obstructor, sino también a operadores y operadoras que buscan retrasar los procesos mediante apelaciones, mediante la presentación de testigos que saben perfectamente que será difícil localizarles, como se ha documento y señalado en diversas ocasiones a partir del acompañamiento que realiza el Observatorio en distintos procesos”.
El Observatorio inició el acompañamiento jurídico hace menos de un año, “Cuando tuvimos contacto con la adolescente, la finalidad de que las autoridades den atención integral a las y los adolescentes que, por diversas circunstancias, que definitivamente tienen que ver con la desigualdad, la discriminación y los diferentes tipos de violencia, fueron o están siendo procesadas y procesados”, comentó Laura Luna.
“Sabemos que ahora ella está libre, pero el proceso para la búsqueda de justicia y el acceso a la verdad continua para muchas otras mujeres y familias que acompañamos, buscaremos incidir en la construcción de Política Pública, en la armonización legislativa y en la construcción de procedimientos y protocolos para garantizar a niñas, niños y adolescentes una vida libre de todas las violencias, y esto implica la búsqueda de no repetición, no impunidad y no indiferencia”, comentó Mariana Ávila Montejano.
Con información del Ovsga
