- Los miembros de la comunidad aseguran contar con los derechos de posesión, no así con los documentos
- Javier Luévano dice que el inmueble es de Sedrae y amenaza con enviarlos a prisión
Un grupo de ejidatarios de Jaltomate dio a conocer la detención arbitraria de once personas que fueron desalojadas de un terreno que utilizan para el pastoreo de ganado, acusadas de invadir propiedad del gobierno estatal.
Alrededor de las 4:00 de la mañana del martes, cuatro miembros de esta comunidad que se encontraban custodiando el inmueble fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades y más tarde, a las 7:00 horas, se detuvo a otros siete que intentaron volver a entrar -según los denunciantes- sin una orden de aprehensión y de forma violenta. Luego fueron trasladados ante el Ministerio Público, pero no los presentaron al juez calificador sino hasta las 14:00 horas, “incomunicados, sin comer, uno de ellos descalzo”.
En la conferencia de prensa ofrecida ayer a mediodía, los ejidatarios negaron las imputaciones y aseguraron que desde 1934 tienen los derechos de posesión del terreno. Pese a no contar con documentos para demostrarlo, dijeron que durante la administración de Felipe González recibieron las escrituras del predio y que en 1982 se cedió en comodato una pequeña proporción a José López Portillo para el programa de Coplamar.
Previamente, el secretario general de Gobierno, Javier Luévano Núñez, citó a los medios para aclarar que esas tierras son empleadas por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agro Empresarial (Sedrae) para guardar maquinaria pesada y vehículos. Según su versión de los hechos, los habitantes de Jaltomate colocaron en la cerca candados, cadenas y mantas con la leyenda “Loma del Blanco, lo legal no es lo justo, lo que la ley nos niega lo tomamos por derecho”, por lo que el área jurídica dio aviso a la Policía estatal.
Luego de esto, cuatro campesinos fueron denunciados por despojo y siete por resistencia de particulares; de ser encontrados culpables, podrían ser castigados de cuatro a seis años, y de uno a seis años de cárcel, respectivamente. Los ejidatarios alegaron que el conflicto debió resolverse primero por la vía civil y no por la penal como lo hizo la autoridad, por lo que exigieron su inmediata liberación y la regularización del proceso jurídico.
Dicha comunidad está constituida por dos predios: uno de 120 hectáreas que tiene usos particulares, y otro de 50 hectáreas, el cual 140 ejidatarios usa para alimentar a su ganado y en el que se planea poner en marcha un proyecto productivo de desarrollo social. Dentro de este predio se ubican las 14.9 hectáreas bajo el resguardo del Gobierno del Estado, las que según los campesinos, no han sido alteradas: “No hubo desmonte, únicamente se estuvo reparando la cerca de algo que le correspondía, porque tres particulares iban tomando lentamente posesión”. Luévano Núñez aseguró que son cien hectáreas las que pretendieron allanar.
Tras las presuntas irregularidades en la detención, los ejidatarios de Jaltomate presentarán una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y una demanda de juicio político contra el Gobierno del Estado.
