En la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación A.C. (AMIC), consideramos inadmisible que la violencia homicida se haya instaurado como un rasgo del periodismo mexicano. Cuando se atenta contra un periodista, además de la ya de por sí condenable vejación y vulneración de la integridad física de una persona, se atenta en contra de los derechos y libertades de expresión y de información consagrados en los Artículos Sexto y Séptimo de la Constitución y en contra de una de las condiciones fundamentales de la convivencia democrática, que es la de contar con diversas fuentes de información para apoyar la toma de decisiones vitales que nos competen como ciudadanos y como seres humanos.
En lo que va del año 2017, seis periodistas mexicanos han sido asesinados presumiblemente
por motivos relacionados con su actividad profesional. Ellos son: Cecilio Pineda Brito (La Voz), Ricardo Monlui (El Diario de Xalapa), Miroslava Breach (Norte), Maximino Rodríguez (Colectivo Pericú), Filiberto Álvarez (La Señal) y Javier Valdez (RíoDoce). Ellos se suman a otros 29 periodistas que han sido ultimados durante el sexenio del actual Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Asimismo, se suma a los 103 asesinatos de periodistas que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) reconoce que han ocurrido entre los años 2000 a 2015.
Estos homicidios, junto con las 25 desapariciones de periodistas desde el año 2000, los 770 delitos cometidos (denunciados) contra periodistas entre el 2010 y el 2015 y el bajísimo nivel resolutivo de las autoridades, con apenas 93 consignaciones en ese mismo lapso, según datos de la FEADLE1 , evidencian la fuerte incidencia de agresiones en contra de los informadores y los medios de comunicación, así como la impunidad prevaleciente debido a la falta de investigaciones que deriven en el reconocimiento de los responsables y las acciones punitivas correspondientes.
Los datos oficiales de la FEADLE no muestran cifras sobre los agresores, pero los diagnósticos ofrecidos por otras instancias como la organización internacional Artículo 19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sugieren que gran parte de las agresiones provienen del Estado mexicano a través de sus agentes y, otra parte importante, de la delincuencia organizada.
Ante estas circunstancias, es posible afirmar que la promulgación de la Ley Federal de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos (LFPPyDDH) en 2012, y el establecimiento del mecanismo de protección que de ella se deriva, no han sido factores que contribuyan a disminuir la violencia contra periodistas. Antes bien, algunos estudios relativos a la violencia contra el periodismo en México realizados por investigadores pertenecientes a nuestra Asociación, han encontrado que el Estado permanece omiso en muchas ocasiones, a pesar de que la LFPPyDDH le ordena que se haga cargo de esa protección.
Por estos motivos, la AMIC se suma a las voces de indignación y de exigencia de justicia del gremio periodístico del país, exigiendo al Estado mexicano que:
- Se trabaje con urgencia en el establecimiento de condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en México, en acciones concertadas que involucren al Estado, a los empresarios de la industria periodística, a los periodistas, a los académicos y a las organizaciones civiles interesadas.
- Se instaure de manera eficaz el mecanismo previsto por la LFPPyDDH, a todo aquel que lo solicite, sin caer en negligencia ni en omisiones.
- Ante las agresiones y los homicidios de periodistas, se evite la criminalización y se tome como línea prioritaria de investigación su actividad profesional.
- Se lleven a cabo las diligencias correspondientes hasta sus últimas consecuencias, y se termine con la impunidad prevaleciente.
- Se construyan marcos normativos eficaces y políticas públicas necesarias para atender aspectos directamente relacionados con las agresiones de periodistas y censura en los medios como la regulación de la publicidad oficial, el apoyo a proyectos periodísticos independientes, mayores medidas de protección a periodistas en riesgo, entre otros, con carácter vinculante y consecuencias punibles ante su incumplimiento.
El periodismo es, al mismo tiempo, una profesión, un derecho, un ejercicio de libertad y un fenómeno social complejo que permite la producción y distribución de información que nutre a las personas, a las instituciones y a la sociedad en su conjunto, para contribuir a reconocer el contexto que habitamos, ubicarnos en él, denunciar los abusos, identificar los riesgos y tomar las decisiones vitales que alimenten nuestro desarrollo. Defender el periodismo, es defender la sociedad.
¡Basta de homicidios y agresiones a periodistas!
Ciudad de México, 19 de mayo de 2017.
Pronunciamiento de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, originalmente publicado en https://goo.gl/qnr88U
