- Éstos no constituyen elementos suficientes de prueba: Citlalli Rodríguez
- No hay plazo definido para que la Contraloría determine sanciones administrativas
Continúa la opacidad en torno a las evidencias en contra de la gestión de Arturo Solano López al frente del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSF), luego de auditarse el ejercicio 2016 del organismo, denunció Citlalli Rodríguez González, diputada integrante de la Comisión de Vigilancia, quien acusó al presidente de la misma, Jaime González de León, de tratar el tema de manera discrecional, toda vez que el resto de los legisladores no cuentan con detalles sobre las evidencias arrojadas por la auditoría dada a conocer en abril pasado.
“No es un tema que haya pasado por el pleno legislativo ni por la Comisión de Gobierno, es un tema que se ha tocado exclusivamente en la Comisión de Vigilancia, pero con información reservada por el presidente de la comisión, no todos los temas se han socializado”, señaló la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Reiteró Citlalli Rodríguez que los resultados de la auditoría a los que ésta tuvo acceso no resultan suficientes para que lleguen a proceder sanciones administrativas o penales contra Solano López y sus colaboradores, “La auditoría por sí sola me parece muy endeble, tiene muchos errores, ni siquiera constituye un elemento de prueba, no sé si él haya construido más pruebas, porque habla de 25 carpetas que yo desconozco, porque no han pasado por la Comisión de Vigilancia, entonces me encantaría conocer esa información para saber si hay presunción de faltas”.
Dijo además que resulta urgente que se interponga la denuncia penal correspondiente ante las presuntas irregularidades, “los elementos de prueba solamente los tiene el presidente de la Comisión de Vigilancia y estamos en espera de que presente la denuncia penal, que ya estaría en la cancha de la Fiscalía, que inicien la investigación; ya la Fiscalía determinará si las pruebas son suficientes para configurar un delito penal como peculado (…) determinará penas de dos a catorce años, dependiendo del delito”.
Destacó la priista que la en tanto la Comisión de Vigilancia ya remitió el caso a la Contraloría Interna del Congreso, donde se espera sean determinadas responsabilidades y sanciones administrativas contra quienes resulten responsables por las presuntas irregularidades por 15.7 millones de pesos.
“Ya dimos el primer paso, fue un acuerdo de la Comisión para que se diera vista a la Contraloría Interna del Congreso (…) no hay tiempo definido, no sabemos cuánto les lleve las investigaciones, pero de ahí pueden derivarse sanciones a servidores públicos que formaron parte del Órgano Superior de Fiscalización, que van desde multas, resarcir el daño e incluso inhabilitarlos de ejercer el servicio público, sanciones que determinará la Contraloría”, comentó Citlalli Rodríguez.
