Uno de los desafíos que enfrentan los gobiernos locales y Federal, es la búsqueda de mecanismos que les permitan abordar de manera coherente el problema de la seguridad pública, pues es un elemento que representa un desgaste importante en el ejercicio de gobierno.
Hoy por hoy el cambio de gobierno y partido en los gobiernos locales está determinado por la eficacia con que abordan los gobernadores el problema del narcotráfico y la seguridad de los ciudadanos que gobiernan.
Es por ello que comprender de forma integral el problema, nos puede ayudar a encontrar mecanismos que puedan abordar de mejor manera un problema tan complejo.
Si pretendemos hacer una revisión integral del problema, tendríamos que partir de tres premisas que constituyen desde mi punto de vista, la espina dorsal del problema.
La primer premisa es que tenemos que entender que el problema del narcotráfico es un problema sin solución. En la medida en que Estados Unidos siga demandando una cantidad creciente de droga, es ingenuo pensar que no hay quien esté dispuesto a satisfacer esa demanda.
México comparte una frontera terrestre de tres mil kilómetros, además de las fronteras marítimas, somos un país intermedio y de paso ya que los países productores se encuentran en sur y Centroamérica.
Esa condición de país intermedio nos ha ocasionado que una buena parte de la droga que no se puede introducir a los Estados Unidos, se quede en el país y que empecemos a ser un país consumidor.
La segunda premisa es que el consumo de drogas en Estados Unidos se ha convertido en una industria que demanda de manera creciente el consumo de droga. A pesar de su condición de alto consumidor, su problema central no radica la violencia descompuesta y fuera de control.
El problema de los Estados Unidos es más un problema de salud pública por el incremento permanente de adictos.
La tercer premisa es que la estrategia de combate al narcotráfico ha sido un fracaso. Desde el inicio con Felipe Calderón, que declara una guerra sin visualizar la primer premisa.
Calculó que exterminando a las cabezas de los grupos criminales resolvería de fondo el problema. Este cálculo no consideró que, por cada jefe de cartel abatido, había ya una fila de veinte esperando sustituirlo con mayor violencia y dispuesto a hacer lo necesario para mantenerse al frente de la organización criminal.
En la década de los ochenta había seis cárteles que operaban en todo el país. Se dedicaban solamente a trasladar la droga. No tenían otras actividades criminales, se especializaron en proveer la droga a los norteamericanos.
En la etapa de alternancia, se pasó de seis a 122 personajes y cabezas de grupo que fueron considerados por el gobierno mexicano y la DEA como los personajes más peligrosos. En la actualidad, de acuerdo con el secretario de Gobernación que es jefe del gabinete de seguridad, hoy operan 236 bandas organizadas dedicadas no sólo al trasiego de drogas, diversificados en actividades delictivas como es el cobro de piso, prostitución, lavado de dinero, robo de combustible, tala de bosques, y más.
Si se detuvieran a esas 236 bandas organizadas, tendríamos que hacer una tercer lista, de organizaciones cada vez más segmentadas que pudieran llegar a miles, cada vez más violentas y destructivas.
Sin duda ha sido una estrategia fallida que ha costado una cantidad importante de recursos. Solo en los últimos diez años, se entregaron casi cien mil millones de pesos a los Gobernadores, y toda esa inversión ha servido de poco, porque se mantiene presente la demanda en los Estados Unidos.
¿Porque para los mexicanos representa un alto costo económico y social? ¿Qué hacen los norteamericanos para tener relativamente controlado el problema de violencia a pesar del alto consumo? Esa será otra parte a desarrollar en la siguiente entrega.
