- El año pasado se convirtió en uno de los cinco estados en penalizar este tipo de violencia
- Necesario que las leyes se armonicen para que el concepto pueda aterrizar y ser sancionado
- En México, una de cada 4 mujeres embarazadas sufren violencia obstétrica
La violencia hacia la mujer, según fue definida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer realizada en 1996, es: “Cualquier acción o conducta basada en género, que cause muerte, daño o su sufrimiento físico, sexual o sicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado”, por lo cual al ser practicada por profesionales de la salud contra sus paciente se convertiría en violencia obstétrica.
En México, la violencia obstétrica es común según un reportaje de realizado por el periodista Emir Olivares Alonso de La Jornada, pues miles de mujeres en labor de parto son víctimas de malos tratos, agresiones verbales y físicas y hasta esterilización no consentida en instituciones públicas y privadas de salud, señalaron académicas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El reporte indica que aunque no existen datos precisos respecto al tema, se estima que una de cada cuatro mujeres embarazadas, en parto o puerperio enfrenta maltratos u omisiones del personal médico, enfermería o camilleros.
El marco legal en el país no es alentador, pues sólo en cinco estados dicha mala práctica médica está definida por la ley y es sancionada, Aguascalientes uno de estos. Sin embargo en el estado este tipo de violencia ha sido prácticamente invisibilizada, según Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (Ovsga).
“No han llegado al Observatorio, pero eso no quiere decir que no existan, vivimos en una cultura de violencia en la que todas las instituciones son generadoras de esto al tener desinformación, rotación de personal, condiciones laborales muy complicadas en la mayoría de instituciones públicas y privadas.”
Aunque se logró que en la Ley General de Acceso a la Salud se definieran los actos vejatorios en la práctica médica como violencia obstétrica, lo cierto es que según Ávila Montejano esto no ha logrado aterrizar.
“Es un compromiso que tienen los legisladores, quedan grandes temas por armonizar pero además tenemos que buscar que no sea letra muerta pues lo primero es saber que se violentaron tus derechos, pues la mayoría de personas no lo reconoce y lo ha naturalizado”.
Frente a estas prácticas, aclaró, sí se puede hacer algo, pues existen las personas que deben tutelar esos derechos y la denuncia es totalmente factible. Todas las instituciones de salud, según la ley, deben estar reguladas a pesar de ser públicas y privadas.
Tanto el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes son los organismos que deben vigilar que estas situaciones no sucedan ni en las clínicas y hospitales del sector público, como en las del sector privado.
