- Desde diciembre de 2005, el entonces gobernador y el entonces secretario general de Gobierno del Estado, signaron el compromiso de consolidar una política nacional en materia de Derechos Humanos que sigue sin atenderse
- Aguascalientes, hoy más que nunca, tiene vigente esta exigencia ante las denuncias recientes de tortura y de abuso de poder: Observatorio de Violencia Social y de Género
“Resulta vigente la exigencia de la creación e instalación del Programa Estatal de Derechos Humanos para avanzar en este lamentable pendiente que distintas administraciones se han negado a atender de fondo en Aguascalientes”, comentó Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género.
“Como antecedente, desde diciembre de 2005, el entonces gobernador y el entonces secretario general de Gobierno del Estado, signaron, al igual que todas las entidades federativas del país, el compromiso de consolidar una política nacional en materia de Derechos Humanos, donde se asegurara, entre otros compromisos, la inclusión de una perspectiva de Derechos Humanos en las políticas públicas locales, específicamente en lo referente a los principios de transversalidad, no discriminación y perspectiva de género; tres administraciones han pasado y este compromiso sigue siendo omiso para la ciudadanía aguascalentense”, comentó Wilfrido Salazar, abogado de la Clínica Jurídica especializada en Derechos Humanos y Perspectiva de Género.
Aguascalientes, hoy más que nunca, tiene vigente esta exigencia ante las denuncias recientes de tortura y de abuso de poder; ante la represión contra grupos estudiantiles y ante la escalada de violencia; en este contexto, desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, exigimos la creación e instalación del Programa Estatal de Derechos Humanos, el respeto a los derechos garantizados en la constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, la armonización legislativa, la no discriminación en las políticas públicas, pero también el seguimiento y la vigilancia al cumplimiento de armonización con base en la perspectiva de Género y de Derechos Humanos de las legislaciones dentro del Congreso del Estado”, comentó Ávila Montejano.
