- El proyecto de presupuesto será votado por el Consejo General del IEE este jueves
- La bolsa a distribuir entre los partidos políticos se calcula a partir de una fórmula asentada en el Código Electoral
- Aguascalientes debe adecuar Ley Kumamoto a sus condiciones
Las elecciones locales de 2018, en las que se votarán diputados locales, costarán a Aguascalientes cerca de 118 millones de pesos.
De esta cantidad, de 61 a 62 millones se destinarán a las campañas de los partidos políticos y candidatos independientes, y de 55 a 56 millones a las actividades del Instituto Estatal Electoral (IEE) -sin considerar gastos ordinarios-, adelantó el consejero presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz.
La bolsa a distribuir entre los partidos políticos será calculado con base en el número total de ciudadanos inscritos en el padrón estatal electoral al corte de julio de cada año, multiplicado por el 65 por ciento de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 31 del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes: “Cuando es año electoral se establece un porcentaje adicional que en elección de diputados es de 30 por ciento de financiamiento para actividades de campaña y otra cantidad adicional a los candidatos independientes”.
El proyecto de presupuesto será votado por el Consejo General del IEE este jueves.
Recordó que esta fórmula fue suprimida en Jalisco con la reforma #SinVotoNoHayDinero, misma que este lunes fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): “Es histórica y fortalece el federalismo en los estados porque reconoce esa libertad configurativa en cada uno de ellos de determinar conforme a sus posibilidades socioeconómicas y culturales lo que se va a proporcionar a los partidos políticos como financiamiento público, contrario a la figura que tradicionalmente venía manejando que era homologar prácticamente la misma estructura y cantidades en proporción de la federación a los estados”.
La legislación propuesta por el diputado independiente Pedro Kumamoto y avalada con el voto de siete ministros, busca vincular la cantidad de recursos que reciban los partidos al número de votos que hayan obtenido en la última elección.
Si bien la resolución de la SCJN abre la puerta a los estados al libre financiamiento, para el presidente del IEE, el Congreso debe adecuar la propuesta legislativa a las condiciones de Aguascalientes, ya que “la historia nos ha enseñado que no es bueno copiar esquemas ni siquiera de un estado vecino”, así como escuchar la opinión de los operadores de la norma
“En el procedimiento legislativo se contempla contar con la opinión del operador de la norma, nosotros como autoridad administrativa somos los garantes de la norma y esperaríamos estamos hablando de una cuestión futura e incierta que en el caso de que se inicie una discusión respecto al financiamiento público a la luz de la sentencia de la SCJN cuenten con la opinión de las autoridades electorales”, señaló el consejero, entrevistado durante la presentación de la Memoria Electoral del Proceso 2015-2016.
En caso de toparse con la resistencia los diputados partidistas a su discusión, es posible hacer uso de los mecanismos de participación, como la iniciativa ciudadana; aunque de llegar a discutirse, esta reforma no surtiría efectos en el próximo proceso comicial.