Actualmente, el 54 por ciento de la población mundial vive en ciudades, y se prevé que para el año 2050 la población urbana aumente a 66 por ciento. En México, esta tendencia es aún mayor, pues al día de hoy aproximadamente 80 por ciento de la población, es decir, 8 de cada 10 mexicanos, vivimos en zonas o localidades urbanas. Este acelerado proceso de urbanización ha generado una creciente demanda de servicios básicos, infraestructura, equipamiento, vivienda y transporte que, en la mayoría de los casos, ha carecido de financiamiento adecuado. En este contexto, ante la escasez de recursos y un escenario internacional complejo e incierto, el gobierno federal difícilmente será capaz de generar los recursos e inversión necesaria para asegurar un futuro urbano sostenible, equitativo y competitivo en el país.
En este sentido, se requiere diseñar e instrumentar nuevos marcos legales y mecanismos de financiamiento innovadores que permitan a los gobiernos locales movilizar los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población, y así mejorar la calidad de vida en las ciudades. De acuerdo con la Nueva Agenda Urbana del Programa de las Nacionales Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Habitat), cinco principios son clave para un financiamiento urbano adecuado. Veamos.
Primero, se debería impulsar una mayor descentralización fiscal y financiera. Actualmente, los gobiernos locales dependen excesivamente de transferencias intergubernamentales, lo cual ha perpetuado su incapacidad para movilizar y gestionar sus propios ingresos. Para financiar el desarrollo urbano se necesitan políticas que promuevan una mayor autonomía fiscal y aumenten la capacidad de los gobiernos locales para generar recursos que les permitan diseñar, ejecutar y administrar proyectos de desarrollo urbano. Para ello, se requiere transitar de un sistema financiero basado principalmente en subvenciones y subsidios a uno que promueva incentivos para los gobiernos locales para generar sus propios ingresos.
Segundo, se debería promover un mayor acceso al crédito y a los mercados de capitales por parte de los gobiernos locales. Actualmente, en el mundo sólo 20 por ciento de las ciudades puede acceder a mercados de capitales nacionales, y sólo 4 por ciento de ellos puede acceder a mercados internacionales. La participación en los mercados de capitales permitiría a los gobiernos locales emitir títulos de deuda como los bonos verdes para recaudar capital para proyectos relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente. Los bonos verdes se utilizan generalmente para financiar proyectos de transporte público, tratamiento de aguas residuales, gestión de los residuos o energías renovables. En 2016, la Ciudad de México emitió el primer bono verde municipal en América Latina, con el cual financiará proyectos de agua potable, aguas residuales, alumbrado público y transporte.
Similarmente, el esquema Pago por Éxito o Pay for Success (PFS) es un mecanismo financiero que puede ser utilizado por los gobiernos locales para promover procesos de contratación que vinculen el pago por la prestación de servicios a los resultados obtenidos. En otras palabras, el PFS es un medio para asegurar que los servicios públicos provistos por una empresa u organización impactan de manera efectiva y positiva en las necesidades de la población. Tradicionalmente, los contratos para la prestación de servicios se basan en el volumen o la cantidad de servicios; por ejemplo, el número de estudiantes en un programa de capacitación laboral o el número de graduados del mismo programa. Por el contrario, el PFS condiciona el pago por la presentación de estos servicios a un resultado medible; por ejemplo, el número de participantes en la capacitación laboral que efectivamente encuentra un empleo o recibe un aumento de sueldo.
Tercero, los gobiernos locales podrían movilizar recursos propios mediante instrumentos que permitan capturar un porcentaje de la apreciación del valor del suelo generada por la inversión pública en servicios básicos, infraestructura, transporte público, entre otros. Los recursos provenientes de esta fuente de ingreso podrían ser redistribuidos, por ejemplo, para disminuir la segregación socio-espacial a través de proyectos de infraestructura o servicios básicos en zonas de mayor rezago, o para desacelerar procesos de gentrificación mediante el cual la población original de un sector de la ciudad de menores ingresos es desplazada por otra de mayores ingresos.
Cuarto, se debería generar un entorno propicio para alentar al sector privado a invertir en infraestructura para el desarrollo urbano. Para ello, se requiere desarrollar un marco legal sólido y fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para promover, gestionar y monitorear Asociaciones Público-Privadas (APPs) basadas en una distribución equitativa de los riesgos, costos y beneficios de los proyectos.
Desde luego, financiar el desarrollo urbano mediante mecanismos innovadores implica una modernización del sector público local a través de nuevas tecnologías de la información que permitan una mayor transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia en la provisión de servicios público y el uso de los recursos. En un estado predominantemente urbano como Aguascalientes, en el cual aproximadamente 81 por ciento de la población vive en áreas urbanas, encontrar nuevos mecanismos de financiamiento para el desarrollo urbano es indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas.
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