- Finalmente se dictó sentencia en contra de los negligentes médicos, quienes fueron condenados a cinco años de prisión y una multa aproximada de 450 mil pesos de reparación del daño
- Familiares lamentan que se haya politizado el asunto en tiempos de Carlos Lozano, cuando incluso se les pidió una disculpa pública a los responsables
Luego de siete años y medio de lucha familiares del pequeño Leonardo Antonio González Febre, quien falleció a los cuatro días de nacido por negligencia médica en enero de 2010, lograron que se dictara sentencia en contra de los presuntos responsables. Guadalupe Enríquez, abuela del menor, indicó que los médicos fueron condenados a cinco años de prisión y a la reparación del daño por un monto aproximado de 450 mil pesos, sin embargo, no dudan que interpondrán un amparo.
La abuela materna señaló como culpables a los pediatras Miguel Berrones Garduza, y Rafael Briseño Vázquez, quienes atendieron el parto de su hija en la clínica Biomaterna, donde el recién nacido contrajo una batería que le causó una fuerte hemorragia interna derivada del daño que había causado a su intestino, del cual después se le tuvo que extirpar una parte.
Relató que después de que a su hija se le practicó la cesárea no les dejaron volver a ver al bebé, hasta el día siguiente que fue dado de alta, tiempo durante el cual sólo les decían que se encontraba en perfecto estado de salud, posteriormente, al pedir el informe médico, detectaron que el recién nacido había tenido fiebre e hipotermia y no recibió medicamento o atención adecuada para controlarle la temperatura corporal.
Dijo que cuando lo dieron de alta el bebé se veía decaído, se quejó durante todo el camino del nosocomio a la casa, y comenzó a obrar sangre, advertencia que ya les había hecho el médico con la justificación de que a algunos recién nacidos les ocurre porque ingieren líquido amniótico o sangre de la madre, sin embargo, la hemorragia se incrementó y el estado de salud del menor empeoraba, el galeno sólo les decía por teléfono que la situación era normal y no acudió a verlo.
Decidieron recurrir a otro servicio médico particular, donde les informan que el bebé se encuentra grave y será internado en Terapia Intensiva; la bacteria que contrajo es un estreptococo que lo portan los adultos y entró por la boca del recién nacido, comenzó a necrosar su intestino y requirió una intervención quirúrgica urgente; el pequeño no resistió y falleció.
Guadalupe Enríquez aseguró que cuando acudieron a Biomaterna y enfrentaron a los médicos y personal que atendieron a su nieto, una de las enfermeras reconoció que el pequeño había presentado malestares y su estado de salud no era óptimo, situación que intentó reportarle al médico, pero al no obtener respuesta prefirió omitirla.
Con esta información presentaron la denuncia, pero la situación empeoraría, narró la afectada, pues el médico Miguel Berrones Garduza fue detenido en febrero de 2013, y por influencias del entonces diputado local, José de Jesús Ríos Alba, quien ejerce la misma profesión, fue puesto en libertad con la venia del gobernador Carlos Lozano de la Torre, quien junto con el entonces fiscal, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, pidieron una disculpa pública al galeno, bajo el argumento de que eran falsas las fotografías que se presentaron de su detención, y que el hecho nunca ocurrió.
La abuela del menor indicó que por años el proceso enfrentaron acusaciones y amenazas, el proceso 0335-2012 no avanzaba en el Juzgado Primero de Penal; el pasado 2 de agosto finalmente se dictó una sentencia condenatoria por homicidio culposo, tras comprobarse la responsabilidad penal, determinando una pena corporal de cinco años de prisión, el pago de una multa de 100 días de salario y una reparación de daños por 451 mil pesos, así como la privación para ejercer el oficio por un periodo de dos años.
Recalcó que durante el proceso, entre otras irregularidades detectaron que Miguel Berrones no contaba con el título de la especialidad en Pediatría en el momento en que atendió a su nieto, pues cuentan con documentos que acreditan que concluyó estos estudios hasta 2012, siendo que el Issea le permitía ejercer desde 2010 en que ocurrieron los hechos, por ello llegarán hasta las últimas instancias para que se haga justicia, también por la responsabilidad que conlleva por parte de la clínica y el Instituto de Salud.
