- Necesario generar una política de Estado de corresponsabilidad entre los Poderes y órdenes de gobierno, además del fortalecimiento de la seguridad preventiva
- Consideran que la entidad presenta avances en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio
El gobernador Martín Orozco Sandoval participó en la 42 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que expresó su compromiso con los acuerdos aprobados en la materia, para fortalecer la seguridad pública en su contexto nacional, además de que coincidió junto con los integrantes de este órgano sobre la necesidad de una política de Estado de corresponsabilidad entre los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno: “Debemos articular una estrategia que haga un frente sólido y común, con acciones interinstitucionales, fuera de coyunturas políticas-partidistas, con los tres órdenes de gobierno, de manera que los esfuerzos coordinados entre las entidades y regiones incida en un combate más efectivo contra la criminalidad en todos sus niveles, empezando con el abatimiento de delitos del fuero común y el refuerzo de la seguridad desde la prevención”.
Agregó que la entidad se suma a los acuerdos aprobados durante la sesión, y enfatizó que la entidad ya presenta avances en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, aunado a las acciones emprendidas de su administración para la depuración, fortalecimiento, capacitación, infraestructura y equipamiento de las corporaciones de seguridad.
Orozco Sandoval refirió que junto con sus homólogos, desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), asumen los compromisos y acuerdos derivados de la sesión para el fortalecimiento de la seguridad, señalando que los gobernadores de las entidades conformarán un grupo de trabajo para dar seguimiento a ellos, pero solicitan apoyo para que el presupuesto del 2018 venga con un reforzamiento especial que les permita cumplir con las tareas especiales de prevención del delito y de seguridad.
Entre los acuerdos aprobados durante la sesión, se encuentra la adopción y cumplimiento de indicadores para la evaluación y mejora de las policías estatales y preventivas, a fin de atender posibles deficiencias de las corporaciones como el número aceptable de policías por cada 100 mil habitantes, la depuración de elementos que incumplan los controles de confianza, así como la adopción de protocolos de actuación policial.
Otros acuerdos son el diseño e instrumentación de un Sistema Único de Información sobre Justicia, Seguridad y Prevención de la Violencia contra la Mujer; desarrollo de un modelo nacional de evaluación de conocimientos en materia de justicia penal; adopción del modelo nacional de evaluación y seguimiento a la fase de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Generar protocolos de coordinación para la evaluación de riesgos para la protección para periodistas y defensores de derechos humanos; la aprobación de un nuevo formato de Informe Policial Homologado y el diseño del Protocolo del Primer Respondiente; el protocolo de actuación ministerial para adolescentes; la revisión de actualización de procesos de control y confianza, así como el reporte de las entidades sobre delitos cibernéticos, complementan la totalidad de acuerdos.
Con información del Gobierno del Estado
