- Trascendieron otras carpetas con otros funcionarios, en la mira el Instituto de Salud
- Han procedido cerca de una decena de inhabilitaciones a exfuncionarios
Avanza la investigación de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas sobre las irregularidades con que se operó el recurso público en la pasada administración estatal; el titular de la instancia, Miguel Ángel Martínez Berumen subrayó que ya trascendieron otras carpetas con otros funcionarios derivado de las denuncias presentadas por la falta de comprobación de 300 millones de pesos etiquetados para la adquisición de equipo de cómputo.
Aseguró que se dará certeza de los temas judiciales que están caminando al respecto; en algunos casos ha sido complicadas las investigaciones pues cuentan con los elementos pero para que sean contundentes tenemos que incorporar muchos más de alguna querella; “eso lo estamos trabajando, estamos teniendo algunas situaciones pero los esquemas que hemos encontrado están claros y estamos trabajando en poder armar algo que le sirva a la instancia ante la cual se interpone la denuncia”.
El funcionario precisó que derivado de ello han procedido cerca de una decena de inhabilitaciones, algunas de las cuales trascendieron hace poco; las denuncias penales están en proceso desde la parte jurídica, por lo que dijo que si no están ya presentada no deberá pasar del lunes, al menos son entre cuatro y cinco correspondientes al Instituto de Educación, algunas más procederán por malversación de fondos en el instituto del Agua y el Instituto de Salud: “Estamos hablando de cantidades millonarias, no quisiera aventurarme a dar un monto que no tengo claro; es un proceso lento, estamos auditando toda la administración pública del estado, es un trabajo muy grande, descomunal, no es fácil llegar a integrar y poder armar bien las cosas. No vamos a hacer temas mediáticos lo que queremos hacer es trabajos bien realizados y sobre eso si salen dos tres o diez denuncias, son las que se harán”.
Todas las denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía, Martínez Berumen reconoció que en el Instituto de Educación requirió un trabajo de fondo porque había fraudes bien ejecutados, en lo federal se está investigando también por el uso de comprobantes apócrifos; apuntó que no se puede responsabilizar a los titulares, quienes no pueden tener control en muchas cosas, sin embargo al final de cuentas son responsables por no asignar a gente que los proteja, que cumplan con los que manda; “si no fue el caso, lo sentimos, porque él va a ser el responsable; se va llamar a comparecer al extitular dependiendo de los tiempos del área jurídica”.
El mal uso de estos recursos implica un severo daño para la administración estatal, ya que en el caso del instituto de Educación son 300 millones de pesos que se desviaron, y que pudieron invertirse en la construcción de escuelas, mantenimiento u otra atención; representa un evidente quebranto para las finanzas públicas. En el Issea aún no se revela el monto porque la investigación está en proceso; “El titular es responsable pero son asuntos que no puedo decir si llegarían al exgobernador Carlos Lozano, habría que ver porque son temas que jurídicos que yo no domino pero al final el gobernador llega y da facultades para hacerse cargo de sus dependencias, no sé si se pueda configurar en ese sentido, si fuera necesario o posible seguramente que sí”.
