- Funcionarios son investigados por posible enriquecimiento ilícito, uso indebido de recursos públicos, abuso de autoridad, tráfico de influencias, maltrato, descuidos, entre otros
- Concentran el mayor número de denuncias el IMSS, SEP, Issste, Fomento Educativo y SAT
En el presente año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió 167 investigaciones contra servidores públicos adscritos a delegaciones federales en Aguascalientes, en su mayoría por posibles hechos de corrupción que van desde enriquecimiento ilícito, uso indebido de recursos públicos, abuso de autoridad, tráfico de influencias, entre otros.
La delegación con el mayor número de denuncias es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un total de 46. De estos, la mitad -23- son por irregularidades en su declaración patrimonial que pudieran implicar enriquecimiento ilícito; además hay once casos de descuido en el cumplimiento de sus obligaciones; cuatro, ejecutar acciones para obtener una ventaja, tres, por maltrato en la prestación de un trámite o servicio; tres, por abusos de autoridad; así como retrasar trámites, uso indebido de recursos públicos y otras faltas a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
En segundo lugar se encuentra la Secretaría de Educación Pública (SEP) con 36 expedientes, en su mayoría por incumplir leyes, con 29; por abusos de autoridad, tres; descuidos, dos; retrasos en trámites, dos; uno por maltrato y uno más por uso indebido de recursos públicos.
La delegación regional del Issste (con sede en Jalisco) enfrenta 15 denuncias: por incumplimiento de leyes, nueve; por maltrato, tres; por abusos de autoridad, dos; y por descuidos, una.
Con once investigaciones le sigue el Consejo Nacional del Fomento Educativo, donde se enlistan probables casos de conflicto de intereses, incumplimiento de leyes y reglamentos, nepotismo, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) acumula diez denuncias presentadas en 2017, por cuatro probables casos de incumplimiento de leyes; otras cuatro, por abuso de autoridad; así como recibir dinero a cambio de un servicio y cometer descuidos.
El Instituto Nacional de Migración (INM) enfrenta diez señalamientos por abuso o acoso sexual, conflicto de interés, descuido en el cumplimiento de sus obligaciones e incumplimientos.
Por no cumplir leyes y reglamentos, las delegaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Servicio Postal Mexicano registran seis y siete denuncias, respectivamente.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) enfrentan acusaciones por abusos de autoridad y nepotismo; mientras que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y Telecomunicaciones de México tienen a servidores públicos denunciados por descuidos en el cumplimiento de sus obligaciones.
En Prospera, Sagarpa y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) predominan las denuncias por omitir la declaración patrimonial; y en la Procuraduría Agraria, por maltrato.
Por no cumplir leyes y reglamentos, hay acusaciones hacia funcionarios adscritos al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua, Fovissste, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inepja), Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Policía Federal y Procuraduría General de la República (PGR).
En respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700199217, la SFP detalló que entre 2015 y 2017, 739 servidores públicos federales han sido denunciados ante la SFP por faltas cometidas en el estado de Aguascalientes, de los cuales 265 aún se encuentran en investigación. Este año, once trabajadores del Gobierno Federal han sido sancionados y cinco absueltos de lo que se les acusa.
El informe no precisa cuántos casos han sido turnados a la PGR por configurar delitos del fuero federal.
En el ámbito nacional 905 mil 344 funcionarios federales han sido inhabilitados por mala conducta, de los cuales 82 mil 769 han sido sancionados por los gobiernos de las entidades federativas. El Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la SFP no cuenta con el grado de especificidad para identificar cuántos de ellos están adscritos a las delegaciones en el estado de Aguascalientes.
