- Miles de jóvenes enfrentarán una situación muy difícil si el Congreso de Estados Unidos no se pone de acuerdo para ofrecer una alternativa al programa DACA, que ayer llegó a su fin
La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de finalizar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), fue dada a conocer ayer por el procurador de ese país, Jeff Sessions.
Ante la situación, Tomás Milton Muñoz Bravo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que los dreamers deben saber que no están solos y que cuentan con una red consular para asesorarse y saber qué medidas, incluso de carácter judicial, tienen antes de caer en pánico.
“En caso de que se concrete una deportación masiva al país, no debemos olvidar que ellos también son mexicanos y necesitan apoyo, por lo que no tiene cabida ningún tipo de egoísmo, ni mezquindades, para decir por qué a ellos se les apoya así y a nosotros no. Son mexicanos y todos debemos apoyarnos”, enfatizó Muñoz Bravo en entrevista para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
DACA beneficiaba a los llamados dreamers ofreciéndoles una oportunidad para estudiar o trabajar legalmente en Estados Unidos, por lo que a partir de hoy, el vecino del Norte ya no recibirá nuevas solicitudes y aquellos que tienen permisos que caduquen entre agosto y el 5 de marzo de 2018 podrán renovarlo, siempre y cuando realicen su solicitud antes del 5 de octubre.
La decisión, precisó el investigador, ahondará la polarización de opiniones políticas en la Unión Americana, pues se trata de un tema polémico porque los dreamers son migrantes que llegaron no por su voluntad, sino llevados por sus padres, que han hecho la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, pero que no tienen derechos legales en ese país.
“Son indocumentados pese a todas las aportaciones que realizan en materia social, económica, educativa, etcétera, así que la decisión del actual presidente (de Estados Unidos) también podría convertirse en un boomerang que, curiosamente, en el lugar de generarle mayores dividendos, a largo plazo se le revierta, pues estos chicos son muy valiosos para la economía estadounidense; aunque a corto plazo generará una reivindicación de Trump con sus huestes”, señaló Muñoz Bravo.
La cancelación, aclaró, no implica que el gobierno de Trump haya ofrecido o solucionado el problema de la migración, sino que, en realidad, ha pasado la estafeta al Congreso estadounidense, que tiene seis meses de plazo para decidir qué hacer con estos jóvenes.
“Terminando los seis meses de gracia, si no existe una iniciativa de ley aprobada por las dos Cámaras y a su vez publicada por el gobierno estadounidense, entonces habrá deportaciones y los dreamers enfrentarán un drama muy complicado”, explicó, pues el gobierno de Estados Unidos tiene bases de datos completas de estos jóvenes.
El problema es que es muy difícil generar un consenso entre las dos Cámaras como para aprobar una sola ley y seis meses son muy poco tiempo para lograrlo.
La posibilidad de que a estos jóvenes se les otorguen licencias permanentes, o bien, residencias temporales que no estén sujetas a una orden ejecutiva es muy baja, añadió el también catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Con información del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
