“La solidaridad es la ternura de los pueblos”. Con esta elocuente frase de la escritora y activista nicaragüense Gioconda Belli parece describir bien la realidad con la que las y los mexicanos despertamos -otra vez en nuestra historia reciente- a la cara más dura de nuestra realidad (dicen que geografía es destino) los pasados 7 y 19 de septiembre. Pero bien mirado: ¿Qué sabe la tierra de fechas y fiestas patrias, de tragedias y aniversarios? Si sabemos en cambio los mexicanos que en la indefensión total, estamos naturalmente llamados a la ayuda recíproca, sobre todo ante la catástrofe y la profunda desconfianza en las instituciones públicas.
De manera que “Doña Sociedad Civil”, así bautizada por Carlos Monsiváis después del terremoto de 85, volvió a emerger como una gigantesca ola desde lo más profundo del ser mexicano como un cálido abrazo que nos enseña mucho de los que somos capaces de hacer como sociedad. Por eso es que es una pregunta atinada plantear si es necesaria la tragedia para que los mexicanos demostremos lo que podemos hacer sumándonos. Pero queda para nuestra memoria colectiva la acción voluntaria y desinteresada de miles de personas, mexicanas y mexicanos de a pie actuando sin esperar nada a cambio y pedir permiso a nadie en socorro de los demás. También, por supuesto, la actitud responsable de miles de servidores públicos: bomberos, rescatistas, paramédicos, médicos, enfermeras, soldados o marinos, cumpliendo con su deber de manera evidente. Y también la franca solidaridad internacional de al menos una decena larga de países que mandaron de inmediato equipos de rescate y búsqueda ante un gobierno pasmado y rebasado.
No es solo, ni mucho menos, la tragedia de la Ciudad de México y sus casi 50 edificios colapsados, sino también y sobre todo la grave desgracia de ciudades como Juchitán, en Oaxaca (7 de septiembre) o Jiutepec en Morelos (19 de septiembre), así como miles de comunidades rurales dispersas, sobre todo en Puebla, Oaxaca y Chiapas. Y aquí empezamos con las malas noticias, porque una catástrofe que desborda evidentemente a un gobierno pasmado, no tendría por qué significar el bloqueo del esfuerzo civil para ayudar, como lo hemos visto en mayor o menor medida en casi todos los escenarios de destrucción, porque hay amplias regiones de los estados mencionados cuya infraestructura básica está completamente destruida como resultado del temblor del 7 de septiembre. Miles de casas y centenas de edificios públicos inservibles que requerirán una larga reconstrucción. Y cuando más se necesita, un gobierno en lo general frívolo, preocupado más por su imagen pública que por socorrer a la población afectada, porque es claro que todos los gobiernos deberían facilitar y no obstaculizar los esfuerzos de la sociedad civil por ayudarse a sí misma. Cualquier otra cosa es inadmisible.
Respecto al temblor del 19 de septiembre en la ciudad de México, la manera en que se colapsaron muchos edificios y la consecuente pérdida de más de 300 vidas, nos habla inevitablemente de corrupción de particulares, autoridades y constructoras, violentando las normas de construcción antisísmica impuestas por el gobierno de la Ciudad después del terremoto de 1985.
Así, por ejemplo, algunos estudios han identificado entre los muchos efectos negativos de la corrupción del sector público, la evidente asociación entre la corrupción y las muertes debidas a grandes terremotos. Después de desarrollar un breve modelo teórico de la relación entre estas dos variables, se analizan 344 terremotos ocurridos entre 1975 y 2003. (Escaleras, Nejat y Register, 2007, Public sector corruption and major earthquakes: A potentially deadly interaction). El modelo empírico toma en cuenta la endogeneidad de la corrupción y los controles de factores como la frecuencia sísmica, la magnitud, la distancia de los centros de población, y el nivel de desarrollo de un país que influye en la destructividad del terremoto. Los resultados indican que la corrupción del sector público está positivamente relacionada con las muertes por terremotos. Un ejemplo más de corrupción pública y privada, en este caso de resultados fatales, que debería, para prevenir futuras tragedias, tener responsables con nombres y apellidos.
En México, la responsabilidad penal de las personas jurídicas o responsabilidad penal de las empresas, como también se conoce, se introdujo muy recientemente, a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en marzo de 2014. No obstante, esta legislación procesal que, entre otras cosas, estableció plenamente las reglas del sistema acusatorio en nuestro país, sufrió una importante modificación en 2016, cambiando prácticamente la totalidad de las normas que para procesar penalmente personas jurídicas existían entonces (arts. 421 al 425) e introduciendo, de manera clara, la necesidad para las empresas de contar con un programa interno de cumplimiento normativo (compliance) que les permita excluir la responsabilidad penal que de manera directa y autónoma ahora pueden asumir los entes colectivos. Veamos al respecto el contenido del citado artículo 421, que seguramente da para consideraciones posteriores: “Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma. Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho…” (Coaña Be, Luis David, 2016, La responsabilidad penal de las empresas y el impacto del compliance).
COLA. Nos faltan, tienen mucha razón quienes piden recordarlo, miles de desaparecidos a lo largo y ancho del país. Más de cien mil, según las propias cifras oficiales. Pero también nos faltan 43 estudiantes normalistas sometidos a la más atroz desaparición forzada desde hace ya 3 años. Contra la impunidad, ni perdón ni olvido.
@efpasillas
