- No es función de la Comisión investigar y llegar a conclusión, eso les toca a los Ministerios Públicos
- Los casos de tortura se está persiguiendo de oficio por la naturaleza de su gravedad
Cuenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos con declaraciones de varias personas del municipio de Calvillo que se quejan de la actuación policial, señalan específicamente al director de la Comandancia, Noé Monreal Guerrero, de quien se tiene antecedente en dicha instancia, según apuntó el ombudsman, Jesús Eduardo Martín Jáuregui.
Destacó que este demarcación ha encendido los focos rojos en materia de derechos humanos y se han derivado algunas complicaciones para poner en marcha los protocolos de actuación debido a que los policías no presentaban los informes policiacos homologados, que es una obligación de todas las corporaciones en el país; “por otro lado no nos habían respondido oportunamente lo que fue objeto de una llamada de atención para el comandante de Calvillo”.
Entre los casos más sonados de presunto abuso policial en Calvillo, se encuentra el caso del joven que denunció que le dieron de nalgadas, el titular de la CEDHA dijo que se trata de un asunto de tortura, en el que trabajan derivado de la campaña nacional en contra de este tipo de violencia; enfatizó que curiosamente en los informes policiacos señalan que no saben quién pudo estar al frente de esto.
Recalcó que no es función de la Comisión investigar y llegar a conclusión en este tipo de quejas que se les presentan, es función del Ministerio Público, por lo cual han cambiado su forma de actuar; dijo que es obligación de los jefes, a quienes se les remite la recomendación para que la investiguen y atiendan; en caso de no deslindar responsabilidades, éstas caerán sobre el mismo jefe.
Martín Jáuregui resaltó que la nueva ley en materia de tortura les ha dado más armas para actuar en estos casos; entró en vigor el 23 de junio y al ser una norma que favorece a las personas y su integridad, se puede aplicar retroactivamente en su beneficio; precisó que establece que la carga de la prueba en materia de tortura es para la autoridad, si bien en términos generales en materia jurídica el que afirma está obligado a probar, en materia de tortura no, siguiendo principios internacionales el torturado no está en condiciones de poder recabar pruebas ya que está a merced de la autoridad, al permanecer en muchas de las ocasiones incomunicado, con los ojos vendados y sin la posibilidad de poder conseguir las pruebas; “cuando hay la presunción de tortura es la autoridad la que tiene que demostrar que no lo hizo”.
Indicó que este delito se está persiguiendo de oficio por la naturaleza de su gravedad, aunque la ley señala que se inicia por una queja, pero también indica que cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos puede iniciarse de oficio.
El ombudsman recalcó que la policía tiene que ser eficiente dentro del marco constitucional, pero cuidando los protocolos en los operativos que se realizan; en el último en que detuvieron a 27 personas, a los menores los entregaron a sus padres con una advertencia y un regaño, a los otros los remiten a los jueces municipales, les aplican una multa o arresto y en 36 horas quedan en libertad, pero no son eficientes en el combate a la delincuencia; consideró que en lugar de querer llamar la atención, o pretender disuadir con estas acciones, se deben recabar pruebas e integrarlas para que en la Fiscalía se puedan llevar a cabo investigaciones serias, fundadas y que pueda consignarse a estos responsables; “los delincuentes tienen que responder por sus delitos, pero hay que integrarles adecuadamente y probarse para sentenciar, de nada sirven los operativos si quedan libres sin castigo”.
Los recorridos de la CEDHA se han hecho en varios municipios, entre ellos San José de Gracia, en Pabellón de Arteaga, en San Francisco de los Romo y próximamente en Rincón de Romos; se dialoga con presidentes municipales y síndicos, con directores de policía, insistiendo en que hay lineamientos que tienen que cumplirse, “precisamos que la CDH no es el árbitro, sino el abanderado, nosotros señalamos la falta pero quien castiga y sanciona en todo caso son las propias autoridades municipales”.
Quedan pendientes dos casos recientes de violación a derechos humanos, recomendaciones que aseguró el ombudsman habrán de notificarse en breve; uno es la situación de los millennials que pedían firmas y les dijeron que requería autorización; otro es el caso de una chica que se rapó la mitad de la cabeza y le impedían el acceso a la secundaria; “tienen que respetar los derechos de las personas, que puede peinarse, despeinarse, cortarse el pelo como quiera”.
