- Pide Coparmex que resultados de auditorías no sean politizados y que no se prostituya el tema de corrupción
- Exfuncionarios estatales deberán solventar observaciones por más de 300 millones de pesos o reintegrar el recurso a las arcas públicas
Sobre las irregularidades señaladas por el Órgano Superior de Fiscalización a las cuentas públicas correspondientes al último año de ejercicio de Carlos Lozano de la Torre como gobernador de Aguascalientes, donde se hace referencia a 300 millones de pesos que no están bien solventados en 22 instancias del Gobierno, no se puede declarar como un hecho de corrupción, como se manejó por algunos medios, consideró el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Aguascalientes, Francisco Ruiz López.
Enfatizó que son, en mucho, observaciones de procedimientos que se hicieron distintos a lo que la ley marca, sin embargo dijo que no se pueden asentar como actos de corrupción el hecho de que se transfirió a una sociedad civil creada para apoyo a la educación y que no hay un convenio en tiempo que lo avale, ya que está en duda la veracidad, pero no se puede dar por sentado algo que no ha sido declarado por el OSF como tal.
“A lo mejor el dinero sí fue aplicado de la manera en que debió de ser y probablemente se vieron beneficiadas las personas a las que estaba destinado, y no sabemos si generó el impacto que se esperaba en indicadores de bienestar social o educativo, y no necesariamente es un acto de corrupción”, dudó el empresario.
Recalcó que la sociedad civil debe ser muy responsable en los señalamientos que hace a supuestos casos de corrupción, ya que no se puede aducir si lo es, ya que en este caso se trata de un procedimiento mal hecho; pudo ser una omisión, una maña, pero no se puede mal informar. “El salir hoy a dar periodicazos a todos por actos de corrupción que sabemos que hubo, porque todos los veíamos, pero empezar a prostituir tanto el tema en materia sobre que sí es y que no es corrupción, va a generar un mayor descontento de la sociedad civil que puede afectar a la democracia en Aguascalientes”.
Ruiz López destacó la importancia de que se dignifique la tarea de los políticos para servir a la ciudadanía y llevar a la cárcel a quienes hayan sido corruptos, que es la mayor urgencia para lograr una verdadera justicia y una mejor política; sin embargo reiteró que declarar como corrupción presuntos movimientos ilícitos, resulta un tanto irresponsable.
En las observaciones sobre el Instituto Nacional del Emprendedor, el dirigente de Coparmex aseguró que saben plenamente el manejo de los recurso otorgados por los fondos que dicha instancia maneja, misma que por ley, al cerrar el acceso al recurso, señala que fue correctamente aplicado; si bien reconoció que hace unos meses la misma confederación acotó que el Inadem señalaba como correctos ejercicios en los que se aseguraban actos de corrupción, hay otros en los que pudo no cerrar bien el instituto, “es un tema de procedimientos, en donde a lo mejor no hubo un acto de corrupción”.
Ruiz López indicó que el OSF ha calificado los procedimientos como no hechos de manera correcta, pero no le ponen la etiqueta de corrupción, los más de 300 millones de pesos se tiene que demostrar que estuvo bien aplicado, o deberán reintegrarse, “hay que especificar si son faltas administrativas, actos de corrupción, y no quedarnos en eso porque la falta es sólo del último año, 2016”.
En este tenor, el problema radica en que las auditorías no se hacen de manera correcta, debido a la falta de profesionalización del OSF, en donde cada tres años cambia el personal, por lo que no hay un servicio profesional de carrera, esto sin contar que se ha convertido en una agencia de colocación de los diputados.
