- El tema de la asignación de las concesiones es sumamente relevante dado que el próximo año son las elecciones federales
- La aprobación de ley sacaría del ostracismo a Aguascalientes en materia de movilidad
La Iniciativa de Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, consideró el titular de la Asociación Movimiento Popular para la Emancipación Social (Mopes), Manuel González, reafirma el poder discrecional del gobernador Martín Orozco para emitir las concesiones del transporte público que dado el periodo electoral federal que se avecina podrían servir como botín político.
Para Mopes, explicó su presidente, es muy importante que Aguascalientes deje el ostracismo legislativo en materia de transporte que persistía desde hace más de una década con una legislación limitada a las determinaciones del Código de Desarrollo Urbano del Estado y las leyes de vialidad estatales y las propias de cada municipio.
Para Manuel González este documento resulta muy importante, sin embargo, no es perfecto ya que por ejemplo, Orozco Sandoval se asignó facultades discrecionales en la asignación de las concesiones del transporte público.
Facultades discrecionales en la asignación de las concesiones del transporte público: En el artículo 11 de la Iniciativa de Ley de Movilidad se señala que es atribución del gobernador: “Otorgar, suspender, revocar, extinguir o rescatar las concesiones o permisos en materia del servicio de transporte público de personas y bienes, a través de la Secretaría General de Gobierno (Seggob) y la Coordinación General de Movilidad (CMOV)”.
Como la periodista Hilda Hermosillo adelantó en su nota “Siete empresas prestarían el servicio de transporte público en Aguascalientes” publicada por La Jornada Aguascalientes el viernes 15 de diciembre de 2017 (https://goo.gl/wF99MP), Gustavo Gutiérrez de la Torre, director general de Desarrollo Metropolitano de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), comentó que el gobierno estatal propone agrupar a los concesionarios de camiones urbanos en siete empresas que se encargarían de prestar el servicio.
Además, se quejó González, en la ley faltan criterios claros y concretos sobre los mecanismos para establecer las tarifas de transporte público, uno de los elementos básicos que cualquier ley debe tener, sin embargo, el documento expone en su artículo 194 que la CMOV autorizará y modificará el sistema tarifario a que se sujetará la prestación del servicio del transporte público de personas y de bienes.
A decir del presidente de Mopes, tampoco se definen las características o requisitos que deberá cumplir cualquier persona o ciudadano que en una aspiración legítima para lograr obtener una concesión y que exista un parámetro específico para que el gobierno defina cada cuando el gobierno estaría obligado a incrementar el parque vehicular del transporte concesionado: taxis o camiones urbanos, pero son varios los artículos que refieren a esto en la propuesta de ley.
El tema de la asignación de las concesiones comentó, es sumamente relevante dado que el próximo año son las elecciones federales por lo cual insinuó que la asignación de las concesiones puede representar un botín político en 2018, así como la ambición de los transportistas que hoy operan las concesiones quienes condicionan con su poder de voto el poder incrementar la tarifa.
González expresó: “Los concesionarios han sido en estos escenarios donde se combina el tema inflacionario con el tema electoral, quienes han buscado el pago de favores políticos ya sea a través de la permisividad del incremento de una tarifa o el otorgamiento de concesiones para poder cubrir favores políticos”.
