Política

La Ley de Seguridad Interior está condenada a ser declarada inconstitucional

  • Senadores hicieron caso omiso de las peticiones de organizaciones civiles y Comisiones de Derechos Humanos en todo el país
  • El combate al narcotráfico debe enfocarse al problema de salud pública que conlleva

 

No hubo marcha atrás en el ámbito federal y la Ley de Seguridad Interior se aprobó, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la entidad, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, lamentó que hayan sido los mismos representantes de la entidad quienes validaron esta propuesta peligrosa de militarizar el país, pese a las posturas y las manifestaciones de la sociedad civil en contra de la misma.

Precisó que de los senadores de la entidad sólo Fernando Herrera Ávila votó en contra, mientras que Miguel Romo Medina y Jesús Santana García avalaron la mencionada ley: “Los ombudsman todavía a las 12:00 de la noche, una de la mañana, estuvimos mandando comunicados, haciéndonos presentes a través de las redes sociales, pidiendo al Senado que no lo aprobara”, indicó Martín Jáuregui.



Recalcó que hay muchos detalles en la letra, ya que se legitima la participación de las fuerzas castrenses sin el debido análisis de los que conlleva, detalles que son delicados, peligrosos y que debieron discutirse a fondo con gente preparada; enfatizó que por lo menos seis organismos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la totalidad de las Comisiones de Derechos Humanos de los estados, la Comisión Nacional en materia y cerca de 70 doctores en derecho, entre ellos muchos maestros eméritos, han señalado los riesgos y los peligros de esta legislación, entre ellos dar voto de confianza a una estrategia que en los últimos once años no ha dado resultados.

El titular de la Cedha señaló que si se hubieran notado avances en el combate al crimen organizado y el grave problema de narcotráfico que vive el país, se postularía a favor de la misma, “quizá no tendría objeción en decir que se le legitimara, pero nos damos cuenta, dados los resultados, que no es la solución”.

Enfatizó que con esta ley se pasa por encima de la Constitución que establece mecanismos muy claros de suspensión de garantías para que pueda intervenir el Ejército y señala en qué casos se puede hacer; recalcó que la presencia militar en las calles tiene también el riesgo de que se demerite la función del Ejército, que se pierda el respeto hacia sus elementos.

Existe una posición clara en la Constitución que media esta situación; en el artículo 31 faculta la posibilidad de creación de la Guardia Nacional, que tendría la función de combatir la delincuencia para la seguridad interna y sería un organismo intermedio entre las Policías y el Ejército, para dejar este último a la seguridad exterior.

El ombudsman dijo que todos sus homólogos en los estados presentarán acciones de inconstitucionalidad; en el Congreso local se prepara también la controversia constitucional, “dentro del marco constitucional y convencional esta ley está condenada a ser declarada inconstitucional”, afirmó.

Se pronunció por un cambio en el paradigma, a que no se pretenda combatir el problema del narcotráfico atacando a la adicción como si fuera el peor de los males en materia de seguridad, ya que obedece a un problema de salud mental, de enfermedad, que no se atiende con el tratamiento que requiere el adicto, las oportunidades necesarias para regenerarse y recuperarse si lo quiere.

A la fecha, dijo, no hay un programa definido, políticas públicas específicas a reintegrar a los adictos, “lamentablemente la situación seguirá con o sin el Ejército en las calles; si nosotros cambiamos el paradigma y nos damos cuenta de que no es un problema de seguridad el tráfico, sino de salud”.

Martín Jáuregui apuntó que es contradictoria la postura de la Corte sobre esta situación, ya que por una parte admite que ser adicto no es un delito, señala claramente que “tienes derecho a poder llevar lo que sea necesario para tu adicción, las dosis que tú requieras, pero por otro lado no hay manera de conseguirlo, es una paradoja terrible”.

Una solución sería pensar en la legalización de la droga, sobre todo en un tipo de sustancias que no tienen, por lo menos en estudios que se han hecho, consecuencias graves en la persona; pero en última instancias también es una decisión de la persona.

A pregunta expresa de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que de llegar a Los Pinos otorgaría amnistía a miembros del crimen organizado, presuntamente con el objetivo de recuperar la paz, Martín Jáuregui señaló que sería un tema a analizar, que ha funcionado en otros países, como en Colombia, por lo que consideró que bien planteado el tema podría ser viable.

Además, el ombudsman confió en que su sucesor, Asunción Gutiérrez Padilla, seguirá con su visión de servir a la ciudadanía, como finalidad única de la instancia que encabeza; dijo que es importante conjuntar un equipo de trabajo y lograr la confianza de las organizaciones de la sociedad civil, mismo que calificó como el mayor logro de su periodo; dijo que el nuevo titular de la Cedha “es mi amigo, es una persona conocedora, respetable, ecuánime, sensato, centrado, con una trayectoria académica muy sólida como abogado, lo que primero que se requiere para este cargo es tener conocimiento claro del derecho, del marco social y eso él lo tiene; ha pulsado la vida de Aguascalientes durante mucho años de primera intención, conoce como nuestro Aguascalientes, las fuerzas y el derecho para Aguascalientes”.

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Adriana García Campos

Adriana García Campos

Reportera en La Jornada Aguascalientes.

1 Comment

  1. Justos Francos y Leales
    16/12/2017 at 09:38 — Responder

    NUEVO OMBUSDMAN CEDH..
    ¿Usurpador desde el origen del proceso de selección?

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