- La iniciativa la promueve en el Congreso del Estado el PRD y Morena
- Es aprobada junto con otros siete instrumentos de participación ciudadana
Es aprobada por unanimidad del Pleno Legislativo la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para implementar la revocación de mandato en la Ley de Participación Ciudadana que rige en el estado, para que a través de una consulta la ciudadanía pueda opinar si un gobernante o representante popular ha hecho o no bien su trabajo y con ello solicitar su renuncia.
Iván Sánchez Nájera, uno de los promoventes de la propuesta, explicó que esta legislación será efectiva tanto para gobernador, como para diputados locales y presidentes municipales, y se reglamentará a partir de la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, misma que fue turnada a comisiones en la sesión ordinaria de ayer jueves.
Luego de este procedimiento, los diputados habrán de estudiarla y enriquecerla si así deciden, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.
“Viene planteado que sea aplicable a partir de que cumplan la tercera parte de su función, en el caso del alcalde, diputado a partir del primer año en funciones ya le podría ser aplicada la revocación, en el caso de un gobernador, a partir de que cumpla el segundo año”, detalló el perredista.
Será una figura que aplique únicamente contra el gobernador, los alcaldes de los once ayuntamientos y los diputados locales, quienes deberán ser evaluados por la ciudadanía en su trabajo y en caso de que no cumplan con las expectativas, será a través de un juicio de procedencia como el Congreso podrá retirar el cargo al funcionario o representante popular que haya sido señalado por la ciudadanía.
Para la aprobación legal de la consulta de revocación de mandato va junto con otros siete instrumentos de participación ciudadana, esto porque los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sentido ya están muy establecidos, y como antecedente, para el caso de Yucatán declaró inconstitucional la revocación de mandato porque ellos planteaban una revocación directa; por tal motivo ahora avanza de la mano de otras propuestas.
El diputado perredista manifestó que en caso de que la revocación proceda, se tendrían que llamar a elecciones extraordinarias, lo que generaría una carga extra a las arcas públicas, sacrificio que vale la pena contemplar ya que se perderían mucho más recursos en caso de que el funcionario o representante popular que fue cesado, continuara en su cargo.
