- Ley de Movilidad prevé cambios en el régimen de concesiones
- El mecanismo de pago electrónico transitará del efectivo a una tarjeta prepagada
Con la intención de elevar la calidad del transporte público en Aguascalientes, el gobierno estatal propone agrupar a los concesionarios de camiones urbanos en siete empresas que se encargarían de prestar el servicio, adelantó Gustavo Gutiérrez de la Torre, director general de Desarrollo Metropolitano de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot).
La iniciativa de Ley de Movilidad -entregada ayer a los diputados del Congreso del Estado- prevé una transformación del régimen de licencias en el transcurso de 2018, “esto quiere decir que va a haber una transición de 700 a ocho concesiones”, abundó. Esta diversificación no implica necesariamente que Atusa vaya a desaparecer, ya que esta “es una asociación civil y como tal no tiene ninguna concesión”.
En este reacomodo, tendrán prioridad los actuales concesionarios a condición de que se comprometan a cumplir con estándares de calidad, sin embargo quienes no lo hagan serán reemplazados por quienes sí tengan la capacidad de inversión: “Habrá un proceso de profesionalización importante respecto a la prestación del servicio con nuevos mecanismos tecnológicos para la supervisión y control de las unidades (…), vamos a romper la lógica operativa que se está desarrollando actualmente”.
El funcionario estatal agregó que esta medida también modificará el sistema tarifario, en el que se pagará por el nivel de atención y no por el número de usuarios. El mecanismo de pago electrónico transitará del efectivo a una tarjeta prepagada.
De acuerdo con el artículo 138 del citado proyecto legislativo, para la determinación del precio de los pasajes se tomarán en cuenta: el costo de operación del tipo de servicio de que se trate, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, los incrementos que sufra el salario mínimo y el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banxico. La propuesta también señala que, mediante decreto, el gobernador podrá modificar las tarifas cuando exista una causa de interés general, una emergencia natural o cualquier otra que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
“A partir de ahí caerá a un fideicomiso. Si operas bien se paga el servicio completo y si no, habrá penalizaciones que ayudarán a equilibrar el modelo de negocio”, resaltó el expresidente de Urbanismo Positivo, quien dijo a diferencia del fondo administrado por Atusa, en este sí habrá transparencia.
El director de Desarrollo Metropolitano indicó que se mantendrán los descuentos en el pasaje de estudiantes y grupos vulnerables, mismos que serán subsidiados por quienes paguen la tarifa completa. No obstante, no serían permanentes sino que tendrían derecho a cierto número de viajes con rebaja.
El inminente ajuste a las tarifas, dijo, no será inmediato a la publicación de la ley, sino que será definido con base en ciertos elementos.
