- La minuta enviada por la Cámara de Diputados para su revisión, es totalmente violatoria de la Constitución
- Escuchemos a la sociedad antes de legislar una inconstitucional y peligrosa ley de seguridad interior: Angélica de la Peña
Los senadores tenemos la obligación de escuchar a la sociedad civil organizada cuando nos advierte de la inoperancia e ineficacia de la Ley de Seguridad Interior y de la grave responsabilidad que deberá asumirse en caso de aprobarla, señaló la senadora Angélica de la Peña.
En conferencia de prensa, acompañada por representantes del Colectivo #SeguridadSinGuerra, la legisladora del PRD solicitó al presidente de la Mesa Directiva, senador Ernesto Cordero Arroyo, y a la senadora Ana Lilia Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política, abrir la discusión de esta legislación a la sociedad civil y a los especialistas, así como a organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a fin de lograr un análisis y debate públicos.
Resaltó la sordera y la ceguera del Gobierno Federal, del PRI y de sus aliados, ante la preocupación manifestada por la CNDH, CIDH y la OACNUDH en torno a las afectaciones y vulneraciones a los derechos humanos que traería consigo la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
“No es una ley que resuelva el grave problema de inseguridad; no es una ley que atienda lo que tiene que ser la seguridad en los tres órdenes de gobierno, ya está visto, hoy están las fuerzas armadas en las calles, cumpliendo funciones de policía y, efectivamente, este ha sido el año más cruento en las dos últimas décadas”, añadió la senadora.
Apuntó que con las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública, México padece una crisis de inseguridad y violencia, demostrándose que no está funcionando la estrategia, por lo que aprobar la Ley de Seguridad Interior es repetir el fracaso.
De la Peña Gómez dijo que la minuta enviada por la Cámara de Diputados para su revisión, es totalmente violatoria de la Constitución y el Senado de la República está impedido para aprobar un documento que no tiene la rigurosidad del fundamento constitucional y, peor aún, cuando además sus preceptos son inconstitucionales.
