- Confía colectivo CIA en que sean los ministros de la SCJN quienes directamente resuelvan los amparos y recursos promovidos, en tanto se suspenderá la aplicación de la ley
- Se recurriría a organismos internacionales para la protección de las garantías fundamentales y los derechos humanos de los ciudadanos en México
Exhorta el colectivo Ciudadanía Informados y Activos a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos haga las recomendaciones correspondientes para que no proceda la Ley de Seguridad Interior; si bien la Ley Estatal de la Comisión de Derechos Humanos limita la actuación del presidente en lo local para promover una controversia constitucional en contra de la militarización del país, porque el ordenamiento es de manera local, ante lo cual hay la prohibición de que intervenga en asuntos de materia federal por el principio del federalismo, detalló Jorge Osvaldo León León, representante del colectivo, enfatizó que no por ello le impide al ombudsman poner cartas en el asunto y no esperar a que se violenten los derechos humanos en Aguascalientes.
Recalcó que debe de manifestarse en el sentido de que la ley es violatoria; se espera que el titular y representantes de la Cedha asistan a los foros que tendrán lugar hoy y mañana en el Congreso del Estado, para que hagan conciencia de esta situación y se expresen y manifiesten al respecto; “sobre todo que le haga la recomendación al Ejecutivo de las observaciones que se harán en dicho foro”.
El activista indicó que para efecto de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los amparos de manera individual que están promoviendo como colectivo, son en determinados momentos; para los amparos se cuenta con 15 días, para controversias y acciones de inconstitucionalidad, cada entidad federativa, municipios o cualquier órgano que se afecte con la implementación de esta ley, tienen hasta 30 días para promoverlos.
Explicó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifiesta en que es legal la expedición de la Ley de Seguridad Interior y sobre todo, que está apegada a la Constitución, entonces se recurrirá a los organismos internacionales. Recalcó que se conoce anticipadamente que si en México no se lleva a cabo la legalidad y la constitucionalidad del respeto de la ley y la defensa de los ciudadanos, los organismos internacionales ya se pronunciaron al respecto desde el momento en que se debatía la LSI en el Congreso de la Unión; ya se han hecho recomendaciones para que no se llevará a cabo su implementación, por lo que el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos ya están establecidas en ello.
“Habremos de acudir ante la misma Corte de la Haya, en caso de que no se lleve a cabo la situación de legalidad y constitucionalidad en protección de las garantías fundamentales y los derechos humanos de los ciudadanos en México”, enfatizó.
Detalló que el exhorto para que los ciudadanos se amparen de manera individual es debido a que no se trata de una norma autoaplicativa, pero con propios recursos el colectivo CIA fomenta la suma a esta causa de parte de toda la población, ya que es en beneficio de todos en el estado; el organismo ciudadano lleva a cabo los amparos, mismos que los interesados en hacerlo sólo tendrían que firmar y sacar las copias que se presentarán ante el Poder Judicial Federal. “Tenemos fecha límite hasta el 26 de enero del presente año”.
A esta causa ya se han sumado cerca de 300 colectivos en el ámbito nacional, el Consejo Nacional Ciudadano, del cual León León es el representante en la entidad; mismo que con actividad ante el Congreso de la Unión y otras instancias gubernamentales en materia ya ha promovido cerca de tres mil 800 amparos presentados en todo el país.
El activista dijo que en Aguascalientes se presentan esta semana, por lo que exhortan a las personas a que se sumen a esta causa; indicó que la resolución de los mismos dependerá de las cargas de trabajo que tenga el juzgado de distrito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante confió que al generarse esta situación de manera colectiva, podría atraer el asunto en el ámbito federal para que sean directamente los ministros quienes conozcan el asunto y califiquen los amparos, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y que se pronuncien al respecto. “Cuando se conozcan todos estos aspectos, no obstante a que tenemos 90 días para la entrada en vigor de dicha ley, se decretará por la Suprema Corte la suspensión de aplicación hasta en tanto no resuelvan; eso nos da un poco de quietud”, afirmó León León.
