- Aún y cuando Aguascalientes no ha sido públicamente militarizado, ha sufrido este tipo de enfrentamiento en total indefensión de la ciudadanía
- El Estado Mexicano ha llegado a la Corte Interamericana por estos procesos y no ha entendido los riesgos de tener al Ejército en las calles
Por el antecedente que se tiene del trabajo que ha realizado el Observatorio de Violencia de Social y de Género de Aguascalientes con mujeres migrantes, la coordinadora del mismo, Mariana Ávila Montejano, recalcó que no es viable la militarización; enfatizó que las principales violaciones de las que han sido víctimas, sobre todo en cuestión sexual, es por parte de la policía federal y militares.
Señaló que en las comunidades indígenas la ocupación de los elementos del Ejército representa una amenaza real, si bien en zonas urbanas su presencia pareciera ayudar a sostener el problema desbordado de violencia, pero sin erradicarla, ni combatirla, no es la mejor estrategia de seguridad; “es obsoleta y se ha venido incentivando durante muchos años; esto es un ejercicio más de parte del gobierno de incentivar una estado de violencia a través del estado”.
La activista recalcó que mientras tanto no hay políticas públicas para la prevención de la violencia lo que frena el avance real, ya que esta situación no se va a resolver aun teniendo las calles llenas de militares, pues contraviene el clima de paz que se busca, al ser preparados para espacios violentos, acciones que van a reproducir en donde estén; “lo hemos visto en estados como Tamaulipas, Coahuila, Ciudad Juárez, Guerrero, Veracruz, Chiapas”.
Esta situación, dijo, no es ajena en el estado, en junio de 2010 ocurrió una balacera donde participaron militares y resultaron cerca de 18 personas detenidas, de las cuales no se puede acreditar ni de la mitad que fueron parte de este hecho violento, no así la evidente participación de los castrenses.
Aún y cuando Aguascalientes no ha sido públicamente militarizado, ha sufrido este tipo de enfrentamiento en total indefensión de la ciudadanía; “no sabes en qué momento te pueden detener y decir que tú también participaste porque no hay una estrategia real, no hay transparencia, no hay un control, me parece que es uno de los peores errores que se está cometiendo por parte de gobierno”, lamentó Ávila Montejano.
Puntualizó que el Ovsga trabajó en investigación de campo en 18 estados, de los cuales se avocaron a cinco estaciones migratorias, donde abordaron al menos a 10 mujeres en cada una, así como en una casa de migrantes con atención prioritaria a mujeres en Sonora, detectaron que el total de las migrantes habían pasado por un proceso de violencia sexual de cualquier tipo, “desde hacerlas que se desnudaran”, detalló la coordinadora del observatorio.
Aguascalientes no cuenta con estación migratoria, por lo que no se incluyó en esta investigación; la activista dijo que son espacios poco adecuados para la atención de cualquier persona, ya que son violatorios de sus derechos humanos, desde la infraestructura, el manejo de las mismas y la propia naturaleza de su existencia.
Con ello, dijo, hay suficiente documentación de la violación sistemática en los espacios donde se tiene intervención de los militares, labor que han hecho distintas asociaciones desde 1994; dentro de estos está el caso Atenco que fue llevado a la Corte Interamericana, donde participó además del Ejército, la policía federal, estatal y municipal en menoscabo de once mujeres. “Se tiene documentado, no a una sola voz, sino investigadores, investigadoras, académicas, activistas, las comunidades lo han manifestado; si el Estado Mexicano ha llegado a la Corte Interamericana es justo por estos procesos y no lo han entendido”, recalcó.
