- El nuevo Sistema Penal Acusatorio descarta cualquier testimonio que haya sido obtenido por tortura
- No asistió ninguno de los titulares de Procuración de Justicia y Seguridad Pública en la entidad
Presentó la Comisión Estatal de Derechos de Aguascalientes la revista La Voz que Clama, número monográfico dedicado a la tortura, en la Sala del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Aguascalientes.
Se contó con la participación de la senadora Angélica de la Peña, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República; Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; José Luis Eloy Morales Brand, jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; Aurelio Coronado Mares, presidente del Colegio de Psicólogos del estado de Aguascalientes; y Jesús Eduardo Martín Jáuregui, ombudsman estatal. Juan Rojas García, magistrado presidente de la Sala Civil, ofreció un mensaje de bienvenida a los asistentes.
Angélica de la Peña se congratuló del esfuerzo de la Cedha por publicar este compendio de textos y lo calificó como un cuaderno académico único por la calidad en sus contenidos. También, destacó la importancia de La ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura, narró su proceso de implementación desde el Legislativo, y concluyó que “uno de los principales retos que tiene el estado es la erradicación de la práctica de la tortura”.
Ruth Villanueva Castilleja, que coordina las acciones de la CNDH con relación al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; enfatizó en que “las Comisiones Estatales son de gran importancia para que con proyectos como La Voz que Clama…, que fomenten la prevención para la erradicación de la tortura”.
En la revista las participaciones de los especialistas fueron divididas en cuatro secciones: “Sección 1. Erradicar la Tortura”, que contextualiza la problemática de la Tortura en el país. “Sección 2. Una Revolución en el Estado” y “Sección 3. El Mundo contra la Tortura” que narran los esfuerzos del Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil para combatir la Tortura, y “Sección 4. Protocolo de Estambul” que presenta una serie de análisis a los rasgos sicológicos de la tortura.
Aurelio Coronado Mares, como sicólogo especialista, señaló que hay que hacer una investigación científica-forense en casos de malos tratos y tortura que van más allá de sólo el Protocolo de Estambul que no es “una prueba pericial definitiva” sino “una herramienta documental de la que se espera se desprendan actividades investigativas que lleven a un juicio a los culpables y se tomen medidas de protección y restauración para las víctimas”.
José Luis Eloy Morales Brand indicó que en los esquemas de impartición de justicia del país, en donde antes de la implementación, en 2017, del Nuevo Sistema Procesal Penal, la tortura era “una práctica común” debido a que “para calificar una declaración como confesión se permitía cualquier medio”, a diferencia del nuevo Sistema, que descarta cualquier testimonio que haya sido obtenido bajo los efectos de cualquier efecto de la tortura. Un tema que aborda con mayor profundidad en su aporte en La Voz que Clama…
Jesús Eduardo Martín Jáuregui lamentó la inasistencia de los responsables directos de Procuración de Justicia y Seguridad Pública en la entidad, a quienes se les invitó oportunamente.
Además, agradeció a los autores que participaron en este número, aprovechó la oportunidad para reflexionar en torno a la Ley de Seguridad Interior con la que se dijo “preocupado ante la intervención del ejército en funciones de seguridad pública”; y recordó una cita de la Revolución de Mayo del 68 que decía “Seamos realistas, pidamos lo imposible”, con lo que cerró su intervención.
Los interesados en adquirir un impreso podrán hacerlo en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en República de Perú 502, Fracc. Santa Elena en un horario de 8:30 a 16:00 horas y es distribuida en las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de los estados y la Comisión Nacional.
Con información de la Cedha
